CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado
Ponente
José
Luis Barceló Camacho
Aprobado
acta N° 273
Bogotá, D. C., tres (3) de
agosto de dos mil once (2011)
MOTIVO DE LA DECISIÓN
Mediante providencia del 14 de
diciembre de 2010, la Sala
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ejerció los controles legal y
material respecto de los cargos formulados por la Fiscalía en contra de Édgar Ignacio Fierro Flores, alias “Don Antonio”, “Isaac
Bolívar”, “Trinito Tolueno”, “William Ramírez” y/o “Tijeras”, comandante del
desmovilizado “Frente José Pablo Díaz”, y Andrés Mauricio Torres León, alias “Z 1” , “Jesucristo” o “Cristo”,
desmovilizado del “Frente Mártires del Cesar”, ambos del Bloque Norte de las
denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Tales personas fueron postuladas
por el Gobierno Nacional para efectos de su investigación, juzgamiento, condena
y reconocimiento de beneficios, en los términos señalados en la Ley 975 del 2005.
En audiencias del 14 y 15 de
diciembre se dio lectura a esa decisión, contra la cual el delegado del
Ministerio Público y los abogados Jairo Alberto Moya Moya y Juan Carlos Córdoba
Correa, representantes de varias de las víctimas reconocidas, interpusieron
sendos recursos de apelación.
El 14 de febrero de 2011 el
Tribunal, siguiendo lineamientos de la Corte
Supremala Ley 1395 del 2010,
modificatorio del artículo 178 de la
Ley 906 del 2004, en atención a lo cual señaló fecha a fin de
realizar audiencia para la sustentación de las apelaciones, lo cual, luego de
varios intentos fallidos, finalmente sucedió el 29 de abril siguiente.
ANTECEDENTES
Primero. Sobre Édgar Ignacio Fierro Flores.
1. El 8 de marzo de 2006 de manera colectiva se
desmovilizó el denominado “Frente José Pablo Díaz”, adscrito al Bloque Norte de
las AUC; entre los integrantes del grupo se encontraba su comandante, Édgar Ignacio Fierro Flores.
2. El 15 de agosto de ese año el Gobierno Nacional
postuló a Fierro Flores para acceder
a los beneficios de la Ley
975 del 2005 y éste ratificó su voluntad de someterse a ese procedimiento.
3. La
Fiscalía de Justicia y Paz realizó los trámites pertinentes,
que incluyeron la citación y emplazamiento de las posibles víctimas y escuchar
al postulado en versión libre, la cual se llevó a cabo en varias sesiones,
entre el 16 de abril de 2007 y el 23 de octubre de 2008. En esta diligencia, Fierro Flores admitió haber militado en
el Bloque Norte de las AUC y participado en múltiples actos delictivos.
4. El 20 de noviembre de 2008, un Magistrado de
Control de Garantías de la Sala
de Justicia y Paz de Barranquilla, realizó audiencia, en desarrollo de la cual la Fiscalía imputó a Fierro Flores varias actividades
delictivas que agrupó en 170 casos, las cuales tipificó en conductas punibles
de homicidios en persona protegida, homicidios agravados, reclutamiento de
menores, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas
y para la defensa personal, porte de uniformes de uso restringido, amenazas,
hurto, acceso carnal violento, tortura, secuestro, desplazamiento forzado,
desaparición forzada, extorsión y concierto para delinquir.
La imputación fue declarada ajustada a la legalidad
por el señor Magistrado.
5. El 30 de marzo de 2009 se instaló la audiencia
de formulación de acusación, en desarrollo de la cual se impugnó la competencia
del Magistrado de Control de Garantías de Barranquilla, pero la Sala de Casación Penal la
ratificó en auto del 21 de mayo siguiente (radicado 31.620).
6. El 21 de julio de 2009 se instaló la audiencia
de formulación de cargos, en cuyo desarrollo la Fiscalía retiró de 75
eventos delictivos, los que dijo hacían parte de los 170 casos inicialmente
relacionados. Lo propio hizo sobre los casos 9, 22, 74, 103, 116, 129 y 131 de
desaparecimiento forzado, delito sobre el cual solamente dejó 137 casos, de los
144 inicialmente deducidos.
7. En la audiencia de legalización de cargos ante la Sala de Conocimiento,
realizada entre el 8 de febrero y el 5 de agosto de 2010, la Fiscalía retiró los
cargos de los casos 51 y 114, y, respecto del caso 68, hizo lo propio en relación
con 6 de las 7 víctimas inicialmente relacionadas.
En definitiva, hizo cargos por 137 casos de
desplazamiento forzado con 570 víctimas directas y 170 casos de lo que tanto la Fiscalía como el Tribunal
han dado en llamar como “hechos de sangre”, de los cuales 86 relacionan
homicidios consumados y tentados, tanto en persona protegida como agravados,
con un total de 133 víctimas directas, así como 9 extorsiones, 7 amenazas, 5
exacciones, 3 hurtos calificados agravados, un reclutamiento de menores, un acceso
carnal violento, una tortura, un secuestro, un daño en bien ajeno, porte ilegal
de armas de defensa personal y concierto para delinquir.
Segundo. Sobre Andrés Mauricio Torres León.
1. En el momento de la desmovilización del Bloque
Norte de las AUC, su comandante, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” , entregó una lista de las
personas acreditadas como integrantes del grupo delictivo, entre las cuales se
encontraba Andrés Mauricio Torres León.
2. El 10 de marzo de 2007, el Gobierno Nacional
postuló a Torres León para acceder a
los beneficios de la Ley
975 del 2005 y éste ratificó su voluntad de someterse a esa legislación.
4. En audiencia celebrada el 20 de enero de 2009
por un Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, la Fiscalía imputó a Torres León 8 cargos de homicidio en
persona protegida, en concurso con porte ilegal de armas para la defensa
personal, dos casos de desaparición forzada, un secuestro extorsivo agravado,
un secuestro simple, dos casos de desplazamiento forzado, hurto calificado
agravado y perturbación a la posesión.
La imputación fue declarada ajustada a la legalidad
por el señor Magistrado.
5. El 30 de julio de 2009 se instaló la audiencia
de formulación de cargos. En ésta, la Fiscalía reiteró los cargos, que fueron aceptados
por Torres León.
6. Entre el 8 de febrero y el 5 de agosto de 2010
se llevó a cabo la audiencia de legalización de cargos ante la Sala de Conocimiento, en la
cual la Fiscalía
insistió en los cargos.
Los procesados no objetaron nada, pero Torres León solicitó que su situación
fuera separada de la de Fierro Flores.
1. El Tribunal advirtió que los delitos de
homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, desaparición forzada,
acceso carnal violento, concierto para delinquir, exacción, reclutamiento de
menores y tortura, cuya legalización fue reclamada de manera unánime por los
intervinientes, debían ser reconocidos y declarados como crímenes de guerra y
de lesa humanidad, en cuanto se demostraron los elementos de contexto en ambos
casos, relacionados con la existencia de un conflicto armado no internacional
en el país, así como la sistematicidad y/o generalidad de graves ataques
respecto de la población protegida (civil).
2. En diversos procesos adelantados por el Tribunal
se verificó la existencia de ese conflicto, la vinculación al mismo de las AUC,
como organización armada ilegal y su impacto en materia de derechos humanos y
de DIH, además de que los elementos de contextualización de esas variantes de criminalidad
no fueron cuestionados por ninguno de los intervinientes, quienes dieron por
sentada la situación de conflicto en el país como un hecho notorio.
No obstante tal premisa, se extendió en precisar
los antecedentes de la violencia en Colombia que llevaron al conflicto armado
interno, en cuyo marco se dieron los comportamientos. Hizo un recuento de los
momentos y causas que originaron los diferentes grupos armados ilegales que,
con algún control territorial, han operado en el territorio patrio.
Se detuvo en sostener que el accionar de las
organizaciones señaladas como de paramilitares y guerrillas ha dado origen a
una situación que supera el simple disturbio hacia una clara connotación de
conflicto armado no internacional, reconocido nacional e internacionalmente, al
punto que su existencia legitimó la inclusión del Título II, Capítulo Único del
Código Penal de 2000 (Ley 599), al tipificar los delitos contra personas y
bienes protegidos por el DIH. En la exposición de motivos de la ley se
argumentó precisamente que esas normas tenían como finalidad penalizar
comportamientos estructurantes de las más grandes infracciones al DIH que
Colombia se comprometió a respetar y aplicar. Similares fundamentos fueron
presentados para la expedición de la
Ley 975 del 2005.
3. Desde varias fuentes, como informes y decisiones
en otros asuntos y fallos de la Corte
Interamericana
4. Precisó que con el concepto “crímenes de lesa
humanidad” se concreta el interés de la comunidad internacional por sancionar
de manera ejemplar comportamientos atroces y bárbaros que sistemática y/o
generalizadamente se dan en contra de la población desprotegida (civil), pero
que no se adecuan a los conceptos vigentes sobre crímenes de guerra. El hecho a
sancionar no afecta exclusivamente a la víctima individual, sino a la comunidad
internacional en su totalidad, pues globalmente cuestiona a la humanidad como
tal y ésta debe velar por un estándar mínimo de coexistencia.
Para el Tribunal resulta clara la barbarie a que
fueron sometidos los habitantes de las regiones en donde actuaron los grupos a
que pertenecían los postulados, lo cual constituye comportamientos que por su
gran escalada sobre poblaciones victimizadas, la contundencia, generalidad y
gravedad de las violaciones, no solamente generaron lesiones a las víctimas
directas e indirectas, sino que, por igual, se proyectan en la humanidad o
comunidad internacional, en tanto le generan sentimientos de dolor, rechazo,
humillación, inseguridad y desconfianza frente a su propia suerte.
“Por tanto,
si no es posible en respeto al principio de legalidad y de cara a la ausencia
de legislación interna que tipifique estos hechos como tal, considerar que
aquellos comportamientos constituyen “delitos” de Lesa Humanidad desde el punto
de vista de la tipología legal interna, sí queda claro que tales
acontecimientos criminales se corresponden con los elementos de contexto,
objetivos y subjetivos, que en el Estatuto de Roma para la Corte Penal
5. Respecto de “crímenes de guerra”, hizo un
recuento de la legislación internacional que se ha ocupado del tema de la
protección de las personas ajenas a las hostilidades bélicas, de donde deriva
la condición de población civil, sin importar si en el pasado se estuvo
vinculado a uno de los grupos enfrentados (como los reinsertados), pues lo
importante es que no se hallare en condiciones de responder el ataque, o de
oponerse a la fuerza de la maquinaria agresora, resultando indiferente si la
víctima pertenece o no a la organización causante del ataque, o a la contraria,
en tanto para la protección del DIH lo trascendente no es el estatus formal
sino el rol efectivo en el momento de la comisión delictiva.
6. Relaciona los casos 1, 3,4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 72,
74, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 92,94, 95, 96, 98, 99, 100, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 111, 115, 116,118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149,
152, 155, 157 y 158, imputables a Édgar
Ignacio Fierro Flores, y los números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, atribuidos en
contra de Andrés Mauricio Torres León.
Sobre tales casos, sucedidos con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley
599 del 2000, se reúnen a cabalidad los elementos para ser calificados, en
consonancia con la legislación interna, como crímenes contra el DIH, pues los
comportamientos se sucedieron durante, con ocasión y en relación con el
conflicto no internacional por el que atraviesa Colombia, y en contra de
personas y bienes protegidos por el Derecho de Ginebra, tal como se establece
en el Título II del Capítulo Único del Código Penal.
7. Relaciona diversos medios de prueba que
acreditan tanto la existencia de los frentes del Bloque Norte de las AUC como
la pertenencia a ellos de los dos acusados, dentro de los cuales actuaron con
conciencia y voluntad sobre la existencia del conflicto armado, en procura de
beneficios personales (económicos, de control y dominio sobre los habitantes,
apoderándose de tierras, semovientes y otros bienes).
Esas pruebas verifican que, como parte de las AUC,
incurrieron en ataques generales, sistemáticos y unilaterales o fuera de
combate en contra de la población civil de las regiones sobre las que operaban.
Diariamente asesinaban docentes, sindicalistas, comerciantes, desempleados,
campesinos, ganaderos, menores de edad; se les extorsionaba, desaparecía,
torturaba, desplazaba, secuestraba, todo al amparo de señalamientos de tener
supuestos vínculos con la guerrilla o resultar dañinos para la sociedad, cuando
en realidad se estaba ante una política de fortalecimiento del grupo armado.
8. Detalla la conformación y modo de operar de los
diferentes frentes que conformaban el Bloque Norte de las AUC, las masacres
cometidas y documentadas, atribuyéndoseles 15.700 homicidios, la desaparición
de 2100 personas, el desplazamiento de 81.700, de lo cual ha resultado el
registro de 111.000 víctimas.
Especifica las pruebas que dan cuenta de las
fuentes de financiación del grupo (exigencia de aportes a comerciantes,
ganaderos, funcionarios públicos y del 10% de la contratación oficial) y sus
patrones de conducta (no el combate contra la insurgencia, sino acciones
unilaterales sobre seguro).
Señala un documento en donde Fierro Flores pide autorización al jefe máximo del Bloque Norte
para asesinar o desaparecer a una persona, con lo cual “queda clara la cadena de mando dentro de este grupo armado ilegal”.
9. Concluye:
“De las
motivaciones que vienen expuestas se concluye que tal y como fuera propuesto
por la Fiscalía
y los defensores de víctimas, se hallan cumplidas las condiciones de que trata
el Protocolo Adicional II, artículo1º, y los artículos 1º, 7º y 8º del Estatuto
de Roma, para declarar que los hechos materia de este proceso se enmarcan en el
concepto de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de manera concurrente… razón
suficiente para que en respeto al principio de legalidad, el proceso de
adecuación típica se elabore, respecto de lo crímenes de guerra, de acuerdo a
lo dispuesto por el Título II, Capítulo Único, de la Ley 599 de 2000, en cuanto a
que se ejecutaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada
legislación, esto es, julio de 2001” .
10. Dedica un espacio a las pruebas que señalan la
actuación de cada uno de los postulados y demuestran la tipicidad de los cargos
formulados a los dos, para deducir que admitían legalización aquellos donde se
habían cumplido los presupuestos arriba señalados, dejando de hacerlo en los
eventos en donde concluyó en la deficiencia probatoria.
11. Sobre las preocupaciones del Ministerio
Público, puestas de presente en sus alegatos previos a la decisión, concluye en
la viabilidad jurídica de que concurran la desaparición forzada con el
homicidio, en tanto aquella inicia su consumación desde el momento en que la
víctima es sustraída de sus opciones de defensa y se proyecta en el tiempo (es
de ejecución continuada o permanente) hasta aquel en el que se suministra
información sobre su suerte.
12. En lo atinente a los casos de desplazamiento
forzado 11, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 38, 42, 44, 49, 76, 77, 81 y 89, en los que
para el Ministerio Público se desconoce el móvil y el nexo con el Frente José
Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, el Tribunal estima innecesario
desestimar los cargos, pues de la contextualización demostrada se infiere que
en las regiones donde ocurrieron esos hechos operaba el aludido Frente,
generando temor e intimidación en la población, derivados de la cantidad de
hechos de sangre verificados, con la consecuencia del surgimiento en los
pobladores de la necesidad de desplazarse en procura de la preservación de la
integridad propia y de los familiares.
Lo anterior, aunado a la aceptación del acusado,
deriva en la demostración del nexo echado de menos.
13. Sobre la necesidad de profundizar en la
investigación sobre aquellos casos en donde las víctimas eran sindicalistas o
miembros de Juntas de Acción Comunal (casos 14, 26, 36, 37, 57, 58 y 136), la Corporación encontró
la acreditación suficiente de que los asesinatos selectivos fueron cometidos en
desarrollo de una política criminal encaminada a exterminar a la subversión,
enemigo natural de las AUC, incluyendo a todo aquel señalado de tener algún
tipo de vínculo con la guerrilla, concepto dentro del cual eran incluidos
sindicalistas, líderes comunales y personas pertenecientes a otros grupos. Las
muertes, entonces, no se causaban por tener esa condición especial, sino por
señalamientos infundados de ser parte de o colaborar con la subversión.
14. Con las excepciones que adelante se detallan,
el Tribunal declaró que los cargos formulados por la Fiscalía cumplían los
presupuestos de legalidad formal y material. Sobre los eventos excluidos, dijo que
se difería tal legalización “hasta tanto
se cumplan las exigencias probatorias”.
15. La conducta de concierto para delinquir
agravado fue deducida por la demostración de la pertenencia de Fierro Flores a uno de los frentes del
grupo armado ilegal de las AUC, desde marzo del 2003.
16. Respecto de la forma de participación imputable
a Fierro Flores, descartó la
coautoría impropia que respecto de algunos hechos había deducido la Fiscalía , en tanto no se
evidenciaba la división de trabajo entre el postulado y los ejecutores
materiales, para argumentar y concluir que los hechos fueron cometidos a título
de autoría mediata por el dominio dentro de un aparato organizado de poder, en
tanto como comandante del Frente procuró y controló los homicidios selectivos.
Siempre tuvo claro y admitió que el objetivo de las AUC se orientaba a eliminar
a las personas señaladas como dañinas para la sociedad (subversivos,
delincuentes comunes, consumidores o expendedores de estupefacientes), y el
cargo de jefe le permitía instrumentalizar a los ejecutores materiales por su
dominio al interior del aparato.
17. En contra de Torres León la
Fiscalía no formuló cargo por su pertenencia a las AUC, por
cuanto mediante sentencia del 29 de noviembre de 2005 fue condenado a 29 años y
5 meses de prisión, como coautor de la conducta de concierto para delinquir
agravado, en la modalidad de conformación de grupos armados al margen de la ley,
y porte ilegal de armas de fuego.
18. Los cargos formulados, aceptados y legalizados
en contra de Torres León, lo fueron
a título de coautor.
19. El Tribunal encontró demostrados los requisitos
de elegibilidad, esto es, (i) la existencia del grupo armado ilegal que se
desmovilizó y desmanteló en cumplimiento de un acuerdo con el Gobierno
Nacional; (ii) la entrega de bienes producto de la actividad ilegal por parte
del Bloque Norte de las AUC; (iii) la entrega al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar de los menores reclutados; (iv) el cese de toda
interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades
públicas y cualquiera otra actividad ilícita; (v) que, no obstante el
narcotráfico haberse constituido en un soporte para financiar las tareas, el
grupo no se organizó para esa finalidad ni para el enriquecimiento ilícito, y,
(vi) que no se encontraron registros sobre personas secuestradas por ese
bloque.
19. Con tales premisas, el Tribunal resolvió:
“PRIMERO: De acuerdo con lo motivado, se
DECLARA LA LEGALIDAD
de los cargos formulados en este asunto en contra del postulado Édgar Ignacio
Fierro Flores por el delito de Concierto para delinquir agravado.
SEGUNDO: Declarar que en la presente actuación se registra
evidencia que respalda la presunta responsabilidad de los postulados Édgar
Ignacio Fierro Flores y Andrés Mauricio Torres León, en los hechos materia de
este proceso y que han sido objeto de legalización conforme a las motivaciones
que anteceden.
TERCERO: Declarar que se encuentra acreditado que los
delitos cometidos por los postulados Édgar Ignacio Fierro Flores durante el
tiempo en que fungió como Comandante del Frente José Pablo Díaz y Andrés
Mauricio Torres León patrullero del Frente Mártires del Cesar, ambos el Bloque
Norte de las AUC y cuyos cargos fueron objeto de formulación por la Fiscalía , lo fueron en
condición de militantes de esa organización ilegal armada.
CUARTO: Declarar, conforme a las precisas motivaciones
que vienen expuestas, que los hechos antes mencionados se cometieron en desarrollo
del conflicto armado interno que se vive en Colombia, que constituyeron
mecanismos que de manera sistemática y generalizada materializaron graves
violaciones de derechos humanos de titularidad de la población civil protegida,
por tanto han sido calificados conforme a las motivaciones precedentes, como
Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad simultáneamente. Se trata de
ciento cinco (105) hechos de sangre, con ciento treinta y tres (133) víctimas
directas de Homicidio y nueve (9) víctimas de Tentativa de homicidio.
QUINTO: Declarar que hasta este momento procesal,
respecto del postulado Édgar Ignacio Fierro Flores, y en relación con los
hechos Nos. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 50, 52,
54, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 74, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 115, 116, 118,
119, 120, 122, 123, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 154, 155, 157 y 158
denominados hechos de sangre por la
Fiscalía , resulta satisfactorio el aporte a la verdad, en lo
que hace a las circunstancias que determinaron a más de la ejecución de
aquellas conductas punibles, la presencia del Frente José Pablo Díaz en los
departamentos del Atlántico y Magdalena, fuentes de financiación, patrones de
conductas y factores determinantes de su expansión.
SEXTO: Declarar que hasta este momento procesal,
respecto del postulado Édgar Ignacio Fierro Flores, y en relación con los
hechos denominados por la
Fiscalía como conexos con hechos de sangre por los que existe
sentencia condenatoria en contra del postulado Fierro Flores, resulta satisfactorio
el aporte a la verdad que se obtuvo por la Fiscalía , en lo que hace a las circunstancias que
determinaron a más de la ejecución de aquellas conductas punibles, la presencia
del Frente José Pablo Díaz en los departamento del Atlántico y Magdalena. Conforme
a lo anterior se LEGALZAN estos cargos que aparecen referenciados con los Nos. 5,
10, 14, 16, 17, 21, 30, 32, 42, 44, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 66, 67,
70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 90, 91, 93, 97, 101, 102, 105, 109, 110,
112, 113, 114, 117, 121, 124, 127, 128, 139, 148, 150, 151, 153, 154, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 y 170.
SÉPTIMO: DECLARAR la legalidad del cargo formulado en
contra del postulado Édgar Ignacio Fierro Flores de conformidad con lo que
viene motivado por el delito de Reclutamiento ilícito de menores.
OCTAVO: Declarar que hasta este momento procesal, en lo
que tiene que ver con los cargos formulados por el delito de Desplazamiento
Forzado en contra del postulado Édgar Ignacio Fierro Flores, con excepción de
los hechos Nos. 20, 21, 36, 37, 38, 49, 56, 77, 86, 89, los que no se legalizan
conforme a lo motivado, en los restantes resulta satisfactorio el aporte a la
verdad que se obtuvo por la
Fiscalía , en lo que hace a las circunstancias que determinaron
la expulsión de esa población civil de sus sitios de asentamiento y la
presencia del Frente José Pablo Díaz en los departamentos del Atlántico y
Magdalena, fuentes de financiación, patrones de conductas y factores
determinantes de la expansión de la organización.
NOVENO: Consecuente con lo anterior, se dispone LEGALIZAR
los cargos que por el delito de Desplazamiento forzado se formularon en contra
del postulado Édgar Ignacio Fierro Flores, derivados de los hechos Nos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52,
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134,
135 y 136.
DÉCIMO: Declarar que hasta este momento procesal,
respecto del postulado Andrés Mauricio Torres León con excepción del cargo
formulado por la
Desaparición forzada de la persona que viene referenciada en
el Hecho No. 7 con el nombre de Luis, el que no se legaliza de acuerdo a lo que
viene motivado, en los restantes cargos resulta satisfactorio el aporte a la
verdad que se obtuvo por la
Fiscalía , en lo que hace a las circunstancias que
determinaron la ocurrencia de los hechos, sus vínculos con las hostilidades
implementadas por el Frente Mártires del Cesar en ese mismo departamento, sus
patrones de conducta, los factores que determinaron su expansión y fuentes de
financiación.
DÉCIMO PRIMERO: Consecuente con lo anterior se legalizan los
cargos formulados en contra de Andrés Mauricio Torres León bajo los casos Nos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Parcialmente se legaliza el caso No. 7 como viene
motivado.
DÉCIMO SEGUNDO: Declarar que hasta esta fase del proceso, los
requisitos de elegibilidad que atañen a los postulados Édgar Ignacio Fierro
Flores y Andrés Mauricio Torres León se encuentran cumplidos.
DÉCIMO TERCERO: Acumular a la presente actuación los procesos que
en contra de los postulados ÉDGAR IGNACIO FIERRO FLORES y ANDRÉS MAURICIO
TORRES LEÓN, se encuentran suspendidos por la justicia ordinaria.
DÉCIMO CUARTO: Superada la ejecutoria de esta decisión,
proseguir la actuación conforme a lo establecido por el artículo 19 de la Ley 975 de 2005.
DÉCIMO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los Recursos
de reposición y Apelación ante esta Sala y ante la Sala de Casación penal de la Corte Suprema
LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES
Primero. El delegado del Ministerio Público:
1. Se queja de que la sustentación del recurso se haga
en la primera y no en la segunda instancia, trámite que no se aviene con la
naturaleza del sistema procesal de la
Ley 906 del 2004 y, menos, con el de Justicia y Paz, pues
éste ni siquiera es adversarial, todo en desmedro de los principios de
publicidad, concentración e inmediación, en tanto la oralidad se constituye en
garantía, porque en un escenario público se concentran el juez y las partes y,
tras escuchar a éstas, se decide.
La interpretación de la Corte de dar cabida a la Ley 1395 del 2010, puede
traducirse en una aplicación generalizada de la última, al extremo que los
incidentes de reparación resulten excluidos del trámite previo a la sentencia,
pues se darían luego de la ejecutoria del fallo, lo cual resulta en privilegio
para los procesados pero es perjudicial para las víctimas, desnaturalizándose
el proceso, cuya finalidad realmente no es la pena, sino la protección de los
derechos de tales víctimas.
Por ello, solicita un pronunciamiento de la Corte en ese sentido.
2. Señala que la providencia hace mención a
estándares del derecho internacional y no al contexto del derecho interno, el
cual debe valorarse desde el principio de legalidad estricta, en tanto no fue
modificado por la legislación internacional y su aplicación resulta prioritaria
antes de acudir a normas procesales y sustanciales del derecho internacional.
Asumir una vocación internacional, como ha hecho la Corte y reitera el Tribunal,
desconoce esa legalidad estricta, por cuanto se admite una doble condición de delitos
de lesa humanidad y contra el derecho de la guerra, pero no se valora el
momento sobre el cual ello resulta viable y para entregar la verdad parece
necesario hacer la diferenciación. Por tanto, el referente para formular los
cargos debe ser el Código Penal, que no incluye conductas de lesa humanidad.
3. De manera puntual señala que habría dificultad
en aquellos casos en donde se tipificó la desaparición forzada con fines de
homicidio. En varios casos, el estado de indefinición se solucionó cuando el
postulado aceptó el hecho y esta admisión se convirtió en la primera, pero suficiente,
noticia sobre la suerte de la víctima, de donde surge que en ese caso el delito
no se consuma, en tanto la pérdida de la libertad de la persona se termina con
la muerte y ésta se conoce cuando se confiesa el hecho.
Desde ahí, no resulta coherente que se admita la
tipicidad del homicidio con base en la prueba de la confesión, pero al mismo
tiempo se sostenga que la desaparición continúa consumándose. Por tanto, si se
acepta la muerte y se da razón de la víctima, no puede seguirse hablando de
desaparición.
4. En los casos de homicidio en persona protegida
(11, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 38, 42, 44, 49, 76, 77, 81 y 89), imputados a Fierro Flores, no resulta claro el
vínculo de las víctimas con el conflicto armado, como cuando como móviles son
señaladas acciones de “limpieza social”.
Por tanto, tratándose de una legalización parcial
de cargos, puede darse un espacio sobre estos hechos.
5. En los cargos 14, 26, 36, 37, 57, 58 y 136 (formulados
a Fierro Flores) se muestra riesgoso
el tratamiento generalizado que se les dio, en tanto las víctimas se salían del
común, pues se trataba de sindicalistas o dirigentes de Acción Comunal.
En tales supuestos, el estándar probatorio debió
ser diverso, debiéndose establecer la razón por la cual eran perseguidos, si
había órdenes nacionales de las AUC para eliminar este tipo de personas.
6. Debe llamarse la atención de la Fiscalía respecto de los
bienes vinculados directamente y que deben someterse a extinción del derecho de
dominio. Como el ente acusador tiene obligación directa sobre el tema, no puede
limitarse a señalar los procesos existentes. Debe precisar si existe actuación
sobre la extinción de bienes de las AUC, trámite que debe surtirse de manera
paralela con el penal, para que la sentencia disponga sobre la adjudicación a
las víctimas.
7. Respecto de los cargos formulados a Torres León, estima ajustada la
decisión que declaró su legalidad.
8. Solicita a la Corte
señale derroteros sobre las diligencias que sigan, en tanto considera necesario
que, así no lo establezca la Ley
975 del 2005, se generen espacios para que, antes de los incidentes de
reparación, los intervinientes aleguen sobre las consecuencias punitivas, en
tanto es claro que la sentencia supone un proceso de dosificación de la sanción.
Segundo. Los apoderados de las víctimas.
1. El representante de las víctimas de los casos 76
y 91, dentro de los cargos formulados a Fierro
Flores, solicita se revoque el cargo por el porte de armas en los dos casos,
además del de exacción en el último, debiéndose adicionar el delito de
homicidio en persona protegida del artículo 135 del Código Penal.
En los dos casos, esa conducta fue excluida en la
formulación de cargos de la
Fiscalía , por cuanto había sido objeto de sentencia
anticipada el 29 de mayo de 2009, pero este fallo es posterior a la aceptación
del cargo dentro del trámite de justicia y paz, que el postulado hizo en
versión del 20 de junio de 2007.
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 975 del 2005, se imponía
la suspensión del proceso donde se produjo la sentencia anticipada y su
acumulación en el trámite de justicia y paz. No haber procedido de tal manera
generó falsas expectativas en la víctima, pues la Fiscalía le comunicó que
su caso era investigado dentro del trámite de aquella ley, pero en realidad
solamente se incluyó el porte de armas, quedando sin posibilidad de reclamar
daños y perjuicios, en tanto el atentado contra la vida quedó fuera del proceso
de justicia y paz, y en el trámite común de sentencia anticipada no se ordenó
indemnización alguna.
2. El abogado Juan Carlos Córdoba Correa hizo
presencia en la audiencia del 14 de diciembre de 2010, en representación de las
víctimas de los siguientes casos:
·
4. Víctima: Juan Carlos Jiménez Arrieta; le hicieron sustitución los
doctores Benjamín Alfredo Barrios León y Émerson Rafael Rocha Osorio.
·
19. Homicidio de Félix Enrique Caraballo Sánchez. Víctima indirecta: Dina
Marcela Olivares Cervantes; el mandato inicial le fue sustituido por el doctor
Danilo Rafael Cabarcas Orozco.
·
32. Homicidio de Jesús Dávila. Víctima indirecta: Rosa Ricardo Miranda.
Le sustituyó el poder el abogado Danilo Rafael Cabarcas Orozco.
·
54. Desplazamiento forzado de Milton César Moya Narváez. Le fue
conferido poder.
·
73. Homicidio de Raúl Antonio Buitrago Estrada. Víctima indirecta:
Mariela Arévalo Sanguino. Le fue sustituido el poder por los doctores María
Sonia Acevedo y Benjamín Alfredo Barrios Leal.
·
86. Homicidio de Libardo Segundo Quintero Ramírez. Víctima indirecta:
Clemente Quintero. Le fue sustituido el poder por el doctor Benjamín Alfredo
Barrios Leal.
·
118. Homicidio de Antonio Almarales Jiménez. Víctima indirecta:
Margarita Jiménez Bonet. Le fue sustituido el poder por el abogado Barrios
Leal.
·
124. Homicidio de Luis Eduardo Ariza Yepes. Víctima indirecta: Érika
Ariza Yepes. Le fue conferido poder directamente.
·
133. Homicidio de José María Córdoba García. Víctima indirecta: Sandra
Patricia Olivera Herrera. Le fue conferido poder en forma directa.
El doctor Córdoba Correa fue reconocido en esa condición.
En su apelación manifiesta compartir los
planteamientos de quienes lo precedieron sobre los “hechos de sangre” en los
cuales, respecto de Fierro Flores,
hubo condenas previas producto de sentencias anticipadas, procedimiento que
contraría la ley internacional.
Hace una exposición teórica respecto de la justicia
transicional, de los principios que la gobiernan, insertando críticas sobre la
estructura de la ley de justicia y paz, en tanto, dice, no se garantiza la
seguridad jurídica de las víctimas, que, por el contrario son “victimizadas”.
Sobre el procedimiento, refiere que para proteger
el derecho a la verdad debe permitirse una participación directa de las
víctimas, de tal forma que los beneficios concedidos al procesado no sean
producto de cualquier versión, sino de aquella garante de los derechos de los
afectados, desde donde surge el deber para la Fiscalía de investigar
para establecer el proceso histórico de conformación del grupo armado ilegal.
Solicita se revoque el retiro de los delitos de
homicidio no incluidos, dada la existencia previa de sentencias anticipadas,
para que en su lugar sean adicionados. Además, debe revisarse la adecuación
típica, en tanto se refundieron delitos comunes con aquellos cometidos contra
el Derecho Internacional Humanitario.
RAZONES DE LAS PARTES NO RECURRENTES
1. Los defensores de víctimas, no apelantes, se
pronunciaron por la ratificación de la providencia. Coincidieron en que la
sustentación del recurso en sede de primera instancia no afecta el debido proceso.
Agregaron que en los asuntos de justicia y paz los jueces deben aplicar el
derecho internacional, en cuanto rige en el ordenamiento interno.
Consideraron viable hacer concurrir la desaparición
forzada con el homicidio. Afirmaron el acierto de la Fiscalía al enmarcar las
muertes por “limpieza social” como homicidios en persona protegida, al precisar
que las víctimas conformaban la población civil ajena al conflicto, así se
tratase de consumidores de drogas.
Se opusieron a la queja de la Procuraduría sobre la
insuficiencia probatoria respecto de los desplazamientos, en tanto fue
documentado el proceso de desalojo y se contó con la versión del postulado y
las de las víctimas.
Lo mismo hicieron en relación con las posturas de
los apoderados de las víctimas, atinentes a desconocer las sentencias
anticipadas, por cuanto ellas hicieron tránsito a cosa juzgada y se produjeron
antes de que dentro del trámite de justicia y paz se dispusiera la suspensión
de los juicios comunes, circunstancia que en modo alguno impide a los ofendidos
participar y reclamar sus derechos en los incidentes de reparación.
2. La delegada de la Fiscalía , luego de
pretender, de manera infructuosa, fueran declaradas desiertas las apelaciones,
solicitó a la Corte
la ratificación del proveído del Tribunal.
2.1. En cuanto a las pretensiones del Ministerio Público
en sus alegatos previos, dice la Fiscalía que fueron atendidas por la Corporación , desde donde
cuestiona su legitimidad al plantear la alzada. Por otra parte, si bien el
Tribunal contextualizó los crímenes en el ámbito del derecho internacional, lo
cierto es que adecuó los comportamientos en el artículo 135 del Código Penal,
lo cual acata el principio de legalidad estricta.
Las quejas de la Procuraduría sobre
supuesta ausencia de motivación no pueden ser atendidas, en tanto no concretó
en qué casos específicos señla la Fiscalía ocurrió ello, como tampoco lo hizo
en relación con aquellos en donde dice no pueden concurrir la desaparición
forzada y el homicidio, asunto que, por otra parte, resulta válido, pues se
trata de dos comportamientos diferentes. En el tema probatorio, debe atenderse
al criterio de flexibilización propio de este proceso.
En relación con el trámite de extinción de bienes,
señala que los procesos se iniciaron con antelación a la postulación del
sindicado a justicia y paz y, por tanto, debe estarse a lo que resuelvan los
jueces en ese campo.
Respecto de la contextualización, señala que la
desmovilización opera para miembros de grupos cuyo accionar esté vinculado al
DIH, en tanto sucede en un marco de violencia estructurante de crímenes de
guerra y de lesa humanidad, producto de ese conflicto.
Dice que la Procuraduría pidió aplazar la
legalización de varios casos, en el entendido de la supuesta insuficiencia
probatoria sobre los nexos con las AUC, pero la Fiscalía sí demostró los
vínculos, en tanto aportó copias de los procesos penales comunes, en donde se
verifica que los crímenes fueron consecuencia del actuar de ese grupo armado
ilegal.
2.2. Se opone al pedido del abogado de víctimas,
quien pretende se incluyan cargos por los homicidios en donde obran sentencias
anticipadas, porque la suspensión de los procesos comunes ha debido reclamarse
y lograrse ante un Magistrado de Control de Garantías y, como no se hizo, el
procedimiento de los jueces comunes resulta legítimo.
Tales fallos anticipados, además, contribuyen a la
verdad y a la justicia, pues verifican los hechos y el responsable, a quien se
impone una pena y, en punto de la reparación, los ofendidos pueden hacerse
presentes en el incidente respectivo.
En respeto de la cosa juzgada, no puede admitirse
la pretensión de variar la adecuación típica de las sentencias aludidas, además
de que tales aspectos no fueron postulados por los defensores en los alegatos previos.
2.3. Respecto de las propuestas del doctor Córdoba,
defensor de otras víctimas, se observa que no cuestionó ningún aspecto
concreto, pues, en procedimiento ajeno al objeto de debate, se dedicó a hacer
críticas genéricas a la ley de justicia y paz y a los aspectos ya tratados
sobre la suspensión de los juicios ordinarios.
3. El defensor de los dos postulados solicitó a la Corte la confirmación de la
providencia.
3.1. Se quejó de la falta de uniformidad, de
coherencia, en los apoderados de las víctimas, en tanto las múltiples
sustituciones llevaron casi a que en cada actuación participase un abogado
diferente, pero éste hacía caso omiso de las intervenciones de sus
predecesores, llegándose a posturas contradictorias entre unas y otras, cuando
han debido conservar una misma línea de pensamiento.
3.2. Sobre los reparos del Ministerio Público,
admitió como viable la doble contextualización de los hechos como delitos
contra el DIH y de lesa humanidad, como consecuencia de la degradación del
conflicto armado, dentro del cual se han producido ataques generalizados contra
la población civil.
El delito de homicidio no requiere la existencia
física de un cadáver, sino la certeza sobre la muerte, lo cual se ha demostrado
con la versión de los postulados. Resulta jurídico que las muertes concursen
con la desaparición forzada, pues esta se ejecuta desde la privación de la
libertad hasta que se conoce el deceso.
3.3. Comparte las apreciaciones de la Fiscalía sobre la
imposibilidad de desconocer las sentencias anticipadas, en tanto fueron
proferidas en forma válida y en el trámite de justicia y paz no se había pedido
ni logrado la suspensión de esos juicios comunes. Tales fallos, además,
contribuyen a la verdad y a la justicia y para la reparación se cuenta con el
incidente respectivo.
En relación con lo alegado por el doctor Córdoba,
debe declararse desierta la apelación, pues, fuera de críticas genéricas a la
ley de justicia y paz, no concretó cargo alguno contra lo decidido.
4. El Ministerio Público se opuso a las
pretensiones de los abogados de las víctimas, porque deben respetarse las
sentencias ejecutoriadas. Éstas, además, permiten a los afectados hacerse
presentes en el incidente de reparación.
Sobre la calificación dada a los hechos, se impone
a los funcionarios que las realicen no sólo en forma numérica, sino política,
de sistemas, necesidades y contextos, en tanto la ley tiene exigencias y
principios, de donde surge que no solamente deben acreditarse números, sino
lazos para establecer la existencia de colectividades. Los pronunciamientos
deben hacerse no solamente sobre hechos, sino sobre todo lo ocurrido, esto es,
deben referirse a contextos.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De conformidad con los artículos 26, inciso 2º, de la Ley 975 del 2005 y 32, numeral
3º, de la Ley 906
del 2004, la Sala
de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos por el representante de la Procuraduría
Generalla
Nación y los defensores de algunas de las víctimas
reconocidas, en contra de la providencia por medio de la cual la Sala de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Bogotá se pronunció sobre la legalidad de los cargos
formulados por la Fiscalía
en contra de Édgar Ignacio Fierro Flores
y Andrés Mauricio Torres León.
Sobre la instancia para sustentar la apelación
El delegado del Ministerio Público solicitó de la Corte un pronunciamiento
sobre lo relacionado con la integración hecha de la Ley 1395 del 2010, en el
sentido de habilitar que en los asuntos de justicia y paz el sustento de la
apelación se haga en la primera instancia y no en la segunda.
Sobre el tema, la Corte ha decantado con suficiencia que ese
trámite, antes de representar lesión para los derechos de las partes e
intervinientes, se convierte en garantía para ellas. Por ejemplo, en
providencia del 27 de abril de 2011 (radicado 36.015) recapituló los argumentos
sobre el tema presentados en decisiones anteriores, los cuales reitera en la
actualidad pues no observa que la propuesta del Ministerio Pública ofrezca aspectos
que la lleven a reconsiderar lo dicho. En el auto indicado, la Sala expuso:
“2. Si bien en el inciso 3º del artículo 26 en
mención se prevé que para la sustentación de la impugnación el Magistrado
ponente de la Corte
debe citar a las partes e intervinientes a fin de que ante la Sala de Casación Penal se
lleve a cabo la audiencia de argumentación oral y en este caso se siguió el
trámite previsto en el artículo 178 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 90 de
la Ley 1395 de
2010, es decir que se sustentó el recurso ante el a quo; se observa que tal
proceder resultó acorde con el criterio fijado por esta Corporación sobre la
materia.
En efecto, la Corte recientemente precisó[1] que si
bien el legislador no contempló de manera expresa que esa modificación
introducida al Código de Procedimiento Penal se extienda al trámite previsto en
el artículo 26 de la Ley
975 de 2005, no hay obstáculo jurídico para
que tanto la sustentación del recurso como las intervenciones de los no
recurrentes se adelanten ante el mismo funcionario que adoptó la decisión
objeto de impugnación, por cuanto ninguno de los principios procesales o
sustanciales consagrados en la Ley
975 de 2005 se ve comprometido con tal proceder, en particular los de la
oralidad[2],
esclarecimiento de la verdad[3],
o los derechos de defensa y contradicción[4],
siempre y cuando el a quo conceda al apelante, así como a los no recurrentes,
un plazo prudente y razonable (acorde con la naturaleza del asunto debatido)
para desarrollar la respectiva intervención.
Agregó, por el contrario,
que al seguirse el trámite dispuesto en el reformado artículo 178 de la Ley 906 de 2004, se asegura la
realización del principio de celeridad[5],
como también la consolidación de los derechos de las víctimas, en particular el
de acceso a la administración de justicia contenido en diversos instrumentos
internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia[6].
En esa medida, advirtió que
como la Ley 1395
de 2010 trajo un conjunto de medidas en materia de descongestión judicial,
incluyendo, frente al Código de Procedimiento Penal, una reforma con el
explícito propósito de simplificar y agilizar el trámite ante la segunda
instancia consistente en suprimir las audiencias de argumentación oral, no había
razón para impedir que ésta tuviera repercusiones en relación con la Ley de Justicia y Paz, cuyas
diligencias por múltiples circunstancias se aplazan.
También puso de presente la Sala , que acoger lo dispuesto
en el reformado artículo 178 de la
Ley 906 de 2004 no afecta la estructura del debido proceso de
la Ley de
Justicia y Paz, por cuanto en ésta la ritualidad no es un fin en sí mismo sino
un medio para obtener una solución pacífica al conflicto armado afrontado por
el país, es decir, “constituye un instrumento procesal de transición hacia el
logro de una paz sostenible”[7].
Así las cosas, la no
aplicación rigurosa del trámite previsto en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005 y, por el
contrario, el acogimiento de lo preceptuado en el modificado artículo 178 de la Ley 906 de 2004, no entraña
irregularidad alguna, pues más bien asegura la materialización del derecho de
contradicción por la vía de la impugnación de las decisiones, efectiviza la
celeridad de la actuación, lo que a su vez se proyecta al acceso a la
administración de justicia y, de contera, no afecta otros principios
procesales, dando lugar evidentemente a la consolidación de los fines torales
de la Ley 975 de 2005” .
Por tanto, no prospera la
queja del Ministerio Público
Sobre el incidente de reparación integral
El delegado de la Procuraduría requiere de
la Corte
analice si el mecanismo de integrar las reformas de la Ley 1395 del 2010 al trámite
de propio del proceso de justicia y paz se debe hacer extensivo a toda la
actuación y, en concreto, al incidente de reparación integral.
El incidente de reparación integral, de conformidad
con el original artículo 102 de la
Ley 906 del 2004 se iniciaba cuando el juez de primera
instancia anunciaba el sentido condenatorio del fallo, pero, con la modificación
que le introdujo el artículo 86 de la
Ley 1395 del 2010, el mismo debe supeditarse a la ejecutoria
de la sentencia condenatoria.
Sobre el tema, debe precisarse: si bien respecto
del trámite para sustentar el recurso de apelación se está ante una formalidad
que, como acaba de verse, antes de estructurar una lesión a los derechos, se
convierte en una garantía para ellos, lo mismo no sucede cuando del incidente
de reparación integral se trata, en tanto el asunto está ligado sustancialmente
a los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no
repetición.
Ese aspecto torna totalmente diferente el asunto
propuesto y la solución que debe darse al mismo, la cual no puede ser diversa a
la de concluir en la aplicación irrestricta de los presupuestos de la Ley 975 del 2005.
En efecto, si bien la ley de justicia y paz
propende por la reincorporación de los integrantes de grupos armados ilegales a
la sociedad civil, ello se supedita a que se garanticen los aludidos derechos
de las víctimas, al punto que quienes se acojan a ese mecanismo pueden acceder
a una benéfica pena, alternativa a la señalada dentro de un juicio normal,
precisamente como premio a su contribución, entre otros aspectos, a la
reparación de los daños causados a las víctimas.
Que la ley de justicia y paz tiene como centro de
sus motivaciones a las víctimas deriva, además de lo dicho en forma reiterada
por la jurisprudencia de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia, de la
circunstancia de que el legislador dedicó un capítulo, el VIII, de la Ley 975 del 2005, a reglamentar sus
derechos frente al trámite aplicado por la administración de justicia, entre
los cuales cabe destacar el deber de los funcionarios de escucharlas,
permitirles el aporte de pruebas y la interposición de recursos.
En el mismo sentido debe resaltarse que la
expedición del Decreto reglamentario 315 del 2007 tuvo como único propósito
reglamentar la intervención de las víctimas durante la etapa de investigación
en los procesos de justicia y paz, de acuerdo con lo previsto por la Ley 975 del 2005, implementándose
sus derechos a participar de manera activa en las diligencias de versión libre,
formulaciones de imputación y de cargos y demás etapas procesales establecidas,
facultándolas, incluso, a sugerir preguntas al postulado a través del delegado
de la Fiscalía.
No admite discusión, en consecuencia, que la participación
de la víctima en el proceso de justicia y paz resulta sustancial al mismo, en
cuanto es parte de su esencia.
Siendo ello así, la intervención de las víctimas en
el trámite de que se trata conforma parte de la estructura básica del mecanismo
implementado por la Ley
975 del 2005 y, en ese contexto, el incidente de reparación integral debe
desarrollarse de conformidad con los lineamientos de esta legislación especial,
pues solamente en cuanto se esté ante vacíos puede acudirse a suplirlos con la
legislación común, según la regla de remisión del artículo 62 de aquella.
En consecuencia, en ese sentido queda atendida la
inquietud del Ministerio Público.
Sobre el trámite previo a proferir sentencia
El Ministerio Público hizo referencia, de manera
tangencial, a la necesidad de disponer un trámite previo, con intervención de
partes e intervinientes, a la fijación de la sanción penal.
De conformidad con los artículos 23 y 29 de la Ley 975 del 2005, al momento
de proferir sentencia condenatoria, el Tribunal debe fijar las penas, principal
y accesorias, conforme a la normatividad común y, adicionalmente, la
alternativa prevista en aquella legislación.
En esas condiciones, el Tribunal corre con la carga
de realizar un doble proceso de dosificación punitiva, uno relativo al castigo
que correspondería conforme a los lineamientos del Código Penal, y otro
respecto de la sanción alternativa reglada en la ley de justicia y paz.
Tal procedimiento obedece a que, en el supuesto de incumplimiento
por parte del acusado de las obligaciones impuestas para hacerse a la pena
alternativa, se impone su revocatoria y, por ende, entre a cumplir con la
penalidad determinada conforme a la normatividad común. Así lo dice
expresamente el artículo 12 del Decreto reglamentario 3391 del 2006.
En esas condiciones, como la Ley 975 del 2005 no estableció
procedimiento alguno para realizar ese mecanismo de dosificación, se impone aplicar
la regla de integración de su artículo 62 y, por tanto, suplir ese vacío de
conformidad con los parámetros del artículo 447 de Ley 906 del 2004.
Por tanto, al Ministerio Público recurrente le
asiste razón sobre este tema, pues resulta de buen recibo que, previo a la
individualización de la pena, el Tribunal aplique el trámite del citado
artículo 447 procesal, en el entendido obvio de conceder el traslado para
pronunciarse sobre el tema, no solamente a la Fiscalía y a la defensa,
como parece surgir de la disposición, sino también a los demás intervinientes,
especialmente a las víctimas, dado, como ya se explicó, su rol preponderante en
el trámite de justicia y paz.
Sobre la ruptura de la unidad procesal
En desarrollo de la audiencia pública de formulación
de cargos, el señor Torres León
solicitó se dispusiera la separación del trámite seguido en su contra, de aquel
relacionado con Fierro Flores, con
el argumento de que los cargos formulados y aceptados difieren en los dos casos
y la situación del último, por la cantidad de hechos y víctimas, torna complejo
y dilatado el procedimiento, lo cual no sucede con Torres León por el menor número de delitos imputados, y obviamente
de víctimas, desde donde considera que su situación y la de los perjudicados puede
ser resuelta de manera pronta si se deslindan los dos asuntos.
La revisión de los hechos y cargos presentados y
admitidos en contra de cada uno de los acusados muestra que la situación
fáctica y jurídica de cada uno de ellos se observa completamente diferente,
esto es, que los casos de uno y otro son disímiles si se tienen en cuenta las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los sucesos imputados a
cada uno.
En efecto, el único elemento de unión estaría dado
por la pertenencia común de ambos procesados al Bloque Norte de las AUC, pero
ni siquiera tal punto de acuerdo muestra identidad, en tanto Fierro Flores perteneció al denominado
“Frente José Pablo Díaz”, en el cual cumplía como su comandante. Por su parte, Torres León militó en el “Frente
Mártires del Cesar”, cumpliendo tareas de patrullero.
Esas especiales circunstancias denotan disimilitud
en funciones (uno comandante y el otro patrullero), así como de regiones de
delincuencia, pues estaban adscritos a diversos “Frentes”, cada uno de los
cuales tenía asignados lugares diferentes para cometer sus actos.
La propia concreción de los cargos formulados,
aceptados y declarados ajustados a derecho pone de presente que no existen
puntos de coincidencia entre los hechos imputados a uno y otro postulado. Así,
a Torres León le fueron presentados
nueve cargos, de los cuales el Tribunal encontró que ocho se ajustaban
plenamente a la legalidad y del restante, el número 7, afirmó que solamente
cumplía las exigencias parcialmente, habiendo excluido el homicidio de un
nombre mencionado como Luis.
Los nueve cargos así presentados y admitidos no
guardan relación alguna con los formulados en contra de Fierro Flores, a quien inicialmente se le imputaron 170 casos, que
finalmente fueron dejados en 137 de desplazamiento forzado con 570 víctimas
directas y 170 de lo que tanto la
Fiscalía como el Tribunal han dado en llamar como “hechos de
sangre”, de los cuales 86 relacionan homicidios consumados y tentados, tanto en
persona protegida como agravados, con un total de 133 víctimas directas, así
como 9 extorsiones, 7 amenazas, 5 exacciones, 3 hurtos calificados agravados,
un reclutamiento de menores, un acceso carnal violento, una tortura, un
secuestro, un daño en bien ajeno, porte ilegal de armas de defensa personal y
concierto para delinquir.
La comparación de los casos porque deben responder los
dos acusados señala que a uno y otro se los ha acusado de situaciones fácticas
y jurídicas diferentes, dentro de las cuales no existe siquiera una víctima en
común.
Si ello es así, no parece guardar coherencia con la
celeridad propia que se espera del proceso de justicia y paz, con la economía
procesal, pero, por sobre todo, con los derechos que deben ser garantizados a
las víctimas, supeditar la suerte de aquellas que dependen de la situación
jurídica de Torres León, a la
resolución de los incidentes propios del juicio seguido a Fierro Flores.
Ello no se muestra justo, equitativo, en tanto es
evidente que los casos cargados en contra del último resultan complejos, por la
cantidad y calidad de delitos y víctimas, desde donde se avizoran trámites en
extremo dispendiosos, en punto de los incidentes de reparación.
En contraposición, el procedimiento aplicable en
relación con las víctimas derivadas de las conductas de Torres León se muestra mucho más expedito y, por ende, la solución
final igualmente sería pronta.
Como consecuencia, surge razonable que en el caso
analizado se aplique el principio según el cual por cada conducta punible debe
tramitarse una actuación procesal, entendida ésta con los casos conexos que,
respecto de cada acusado, vienen dados precisamente en relación con la
identidad de sujeto activo del delito.
En efecto, en auto del 18 de octubre de 2005
(radicado 24.211) la Corte
discurrió con ese alcance, razonando que las amplias facultades de dirección y
ordenamiento del juicio con que cuenta el juzgador lo habilitan para disponer
esa ruptura en aras de procurar la realización de los fines de la
administración de justicia y garantizar a las partes e intervinientes la
defensa cierta y eficaz de sus intereses, en tanto es deber del juez velar por
la rápida solución del proceso, imponiéndosele adoptar las medidas necesarias
que, respetuosas de los derechos de los sujetos procesales, propicien por una
mayor economía procesal.
Por tanto, la petición del postulado resulta
atendible, razón por la cual se recomienda al Tribunal adelante los trámites
respectivos en la dirección indicada.
Sobre la doble connotación de los hechos como
Delitos de lesa humanidad y
Delitos contra el derecho de la guerra
El representante del Ministerio Público cuestiona
se admita la doble condición como delitos de lesa humanidad y delitos contra el
derecho de la guerra, pues entiende que ese encuadramiento vulnera el principio
de legalidad estricta, puesto que el derecho interno no fue objeto de
modificación por parte de la legislación internacional, desde donde el
referente para el proceso de adecuación típica debe ser el Código Penal, dentro
del cual no se incluyen conductas de lesa humanidad.
1. Sobre la contextualización de los hechos
sometidos al proceso de justicia y paz en esa doble connotación, la Corte ha tenido oportunidad
de pronunciarse, como lo hizo el 21 de septiembre de 2009 (radicado 32.022),
así:
“La doctrina distingue dos grandes categorías de
crímenes graves contra la comunidad internacional, a saber, los crímenes de
guerra o infracciones graves al derecho internacional humanitario y los
crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad.
Sobre los primeros, se
destaca que las normas que conforman el llamado derecho internacional
humanitario están compendiadas en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de
Agosto de 1949: el primero para aliviar la suerte que corren los heridos y los
enfermos de las fuerzas armadas en campaña; el segundo para aliviar la suerte
que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en
el mar; el tercero relativo al trato debido a los prisioneros de guerra y el
cuarto relativo a la protección debida a las personas en tiempo de guerra.
Convenios que están adicionados por el Protocolo I relativo a la protección de
las víctimas de los conflictos armados internacionales, y el Protocolo II
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no
internacionales.
Colombia es parte de los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949, aprobados mediante la Ley 5ª de 1960, y vigentes
desde el 8 de Mayo de 1962. Igualmente, mediante la Ley 11 de 1992 se aprobó el
Protocolo Adicional I, mientras que el Protocolo adicional II fue aprobado
mediante Ley 171 de 1994.
A su vez, el artículo 214, numeral 2º, de la Carta Política
De allí que, en todo tiempo
y lugar, en desarrollo de un conflicto armado, tanto los integrantes de los
grupos armados irregulares como los miembros de las Fuerzas Armadas están
obligados a respetar las reglas del derecho internacional humanitario, porque
consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados
ni siquiera en las peores situaciones del conflicto.
De otro lado, no puede
obviarse que el artículo 93 de la Carta
Política
En ese sentido, es obligación del Estado colombiano garantizar que las
violaciones graves al derecho internacional humanitario sean castigadas como lo
que son, esto es, como atentados que no sólo afectan la vida, la integridad
física, la dignidad, la libertad de las personas, entre otros bienes
relevantes, sino que atentan contra valores fundamentales reconocidos por la
humanidad entera y compilados en el conjunto de normas que conforman el llamado
derecho internacional humanitario.
Precisamente, en cumplimiento de esa obligación, el Código Penal de 2000
introdujo al ordenamiento jurídico un catálogo de conductas punibles, en
aproximación, que castigan las infracciones graves contra las personas y los
bienes protegidos por el D. I. H., las cuales fueron plasmadas en el Libro 2º,
Título II, Capítulo único, de la
Ley 599 de 2000[9], como
respuesta a la necesidad de brindar un nivel especial de protección a la
población civil afectada por la magnitud del conflicto armado que desde décadas
atrás se vive en Colombia…
De
otra parte, al lado de la importancia que tiene la adopción en la legislación
interna de los tipos penales encaminados a prevenir las violaciones graves al
derecho internacional humanitario, debe señalarse que el Estatuto de Roma[10] entró
a reforzar la eficacia de la persecución y sanción de los crímenes de guerra a
nivel nacional mediante la creación de un órgano jurisdiccional de carácter
permanente que complementa a las jurisdicciones nacionales y las incentiva a
ejercer su jurisdicción sobre los tipos penales recogidos en el artículo 8º del
Estatuto en cuestión[11]…
…
la creación de la Corte
Penal Internacional como un órgano que se ocupa de seguir las
actuaciones de las jurisdicciones nacionales afectadas, al punto que la
inactividad de las últimas provocará la actividad de la primera, demuestra que
existe un principio de justicia universal respecto de la investigación y
persecución de los crímenes de guerra, que refuerza y legitima las actuaciones
nacionales encaminadas a ese propósito.
Ahora
bien, para la aplicación de los delitos tipificados en el Título II de la parte
especial del Código Penal de 2000, se requiere, en primer lugar, la
concurrencia de un elemento normativo especial, a saber, la existencia de una
situación que pueda ser calificada como “conflicto armado” no internacional,
porque todos los tipos penales allí consagrados requieren que la conducta se
ejecute en desarrollo o con ocasión del mismo[12].
Se advierte, en primer lugar, que la constatación de la existencia de un
conflicto armado no internacional, es decir, de una situación de hecho, es una
cuestión completamente distinta al reconocimiento del estado de beligerancia de
los actores del conflicto…
Pero la sola constatación de
que la conducta se produjo en el seno de un conflicto armado no es suficiente
para calificar el delito como violatorio del derecho internacional humanitario,
sino que probatoriamente tiene que acreditarse que la misma está vinculada con
el conflicto, porque su existencia juega un papel sustancial en la decisión del
autor de realizar la conducta prohibida, en su capacidad de llevarla a cabo o en
la manera de ejecutarla[13],
requisito que se deriva de la concepción de los crímenes de guerra como
infracciones graves de las normas que regulan el comportamiento de las partes
contendientes durante los conflictos armados…
Por lo tanto, si las operaciones
ejecutadas por los grupos armados organizados se dirigen sistemáticamente
contra personas y bienes que no constituyen objetivos militares, para efectos
de la responsabilidad individual de sus miembros, las conductas ejecutadas en
ese contexto de violencia al mismo tiempo que pueden configurar crímenes de
guerra[14], constituyen delitos de lesa humanidad[15],
genocidios[16],
violaciones graves de derechos humanos[17]
e incluso delitos comunes si se dan los presupuestos para ello. Esto último,
porque el Convenio Internacional para la Supresión de la Financiación del
Terrorismo, adoptado por la ONU
el 9 de diciembre de 1999, y aprobado a nivel nacional mediante la Ley 808 de 2003, establece
que:
“Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que
fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte
fondos con la intención de que se utilice, o a sabiendas de que serán
utilizados en todo o en parte, para cometer cualquier acto destinado a causar
la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona
que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto
armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea
intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización
internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”…
Ahora bien, es importante señalar que los Estados
que redactaron el Estatuto de Roma reafirmaron, por omisión de toda relación
con un conflicto armado, que los crímenes de lesa humanidad pueden cometerse en
tiempo de paz o durante conflictos armados. Aunque los Tribunales de Nuremberg
y Tokio limitaron su competencia respecto de los crímenes de lesa humanidad a
los cometidos durante la
Segunda Guerra Mundial, posteriores instrumentos
internacionales y la misma jurisprudencia internacional[18], han puesto de
manifiesto que no es necesario que el acto se cometa durante un conflicto
armado para que constituya un crimen de lesa humanidad.
Cuando nos referimos a los crímenes de lesa[19]
humanidad, hablamos de infracciones graves al derecho internacional de los
derechos humanos, que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la
vigencia de las normas indispensables para la coexistencia humana. En ese
sentido, el efecto del delito de lesa humanidad
tiene dos dimensiones: por un lado inflige un daño directo a un grupo de
personas o a un colectivo con características étnicas, religiosas o políticas
y, por otro lado, causa un daño por la vía de la representación a toda la
humanidad.
En la segunda dimensión, la naturaleza del acto lesivo es
de tal magnitud, que la humanidad se hace una representación del daño, evocando
el dolor y el sufrimiento que provocaron dicho tipo de actos a otros seres
humanos, presumiéndose que esos hechos socavan la dignidad misma de los
individuos por la sola circunstancia de ejecutarse a pesar de que no estén
involucrados directamente los nacionales de otros países. Así entonces, el daño
que produce el delito de lesa humanidad se traslada, por representación, a toda
la comunidad internacional, constituyéndose en el límite de lo soportable para
la humanidad y el ser humano…
Con el paso
del tiempo el catálogo de los crímenes de lesa humanidad se ha ido ampliando, por ejemplo, con el apartheid, la desaparición forzada de
personas, la violación y la prostitución forzada. De igual manera, los
elementos esenciales de la noción de crimen de lesa humanidad han sido
precisados por ciertos tratados internacionales, resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU
y sentencias proferidas por los Tribunales Penales Internacionales ad hoc para Ruanda y la Antigua Yugoslavia.
A partir de la vigencia del Estatuto de Roma, se codifican los principios y
los tipos penales internacionales que se hallaban antes dispersos en varios
pactos o tratados internacionales. Es así como en el artículo 7º se describen
algunos tipos penales que caben dentro de la definición dada a "Delitos de
Lesa Humanidad", agregando características comunes a estos como los de "generalidad",
"sistematicidad" y "conocimiento". Sin embargo, el Estatuto
no entra a diferenciar entre delitos internacionales y delitos de lesa
humanidad, razón por la cual se considera que los últimos forman parte del
género de los primeros y, por lo tanto, siendo específicos contienen rasgos muy
concretos que los diferencian de otros delitos.
La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en
el Estatuto de Roma comprende las conductas tipificadas como asesinato;
exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población;
encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros
abuso sexuales de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad
con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales,
étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, en conexión con cualquier otro acto mencionado en el presente
párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte ; desaparición forzada;
apartheid (discriminación racial institucionalizada); o cualesquiera actos
inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o
física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque[20]…
Como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia de revisión
a la ley aprobatoria del Estatuto Penal de Roma[21],
la definición de crímenes de lesa humanidad que trae el Estatuto difiere de la
empleada hasta el momento en el derecho penal internacional en varios aspectos.
Por un lado, el Estatuto amplía la definición para incluir expresamente las
ofensas sexuales (distintas a la violación[22]),
el apartheid y las desapariciones forzadas. Además, el Estatuto aclara que
tales crímenes se pueden cometer en tiempos de paz o de conflicto armado y no
requiere que se ejecuten en conexión con otro crimen, salvo que se trate del
enjuiciamiento de cualquier grupo o colectividad, la cual ha de estar
relacionada con otro acto enumerado en el artículo 7.1, o cualquier otro delito
de la competencia de la
Corte Penal Internacional.
Ahora bien, el ataque sistemático o
generalizado implica una repetición de actos criminales dentro de un periodo de
tiempo, sobre un grupo humano determinado al cual se le quiere destruir o
devastar (exterminar) por razones políticas, religiosas, raciales u
otras. Se trata, por lo tanto, de
delitos comunes de máxima gravedad que se caracterizan por ser cometidos de
forma repetida y masiva, con uno de tales propósitos.
En ese contexto, el crimen de lesa humanidad se distingue de otros
crímenes, porque: a) no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de
violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere
decir que está dirigido contra una multitud de personas; b) es sistemático,
porque se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en
marcha medios tanto públicos como privados, sin que, necesariamente, se trate
de la ejecución de una política de Estado; c) las conductas deben implicar la
comisión de actos inhumanos, de acuerdo con la lista que provee el mismo
Estatuto; d) el ataque debe ser dirigido
exclusivamente contra la población civil; y e) el acto debe tener un móvil
discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos,
étnicos o nacionales…
Ahora bien, a nivel interno, los crímenes
de lesa humanidad tienen fundamento constitucional y legal…
Simultáneamente y en forma
complementaria, en virtud de la teoría del bloque de constitucionalidad,
derivada del artículo 93 de la Carta
Política
En ese orden, se alza en primer lugar la “Convención para la prevención
y la sanción del delito de genocidio”, adoptada por la Asamblea Generalla ONU el 9 de
diciembre de 1948 y aprobada mediante la
Ley 28 de 1959. Esta Convención parte del supuesto
según el cual el genocidio es un delito de derecho internacional[23],
por lo cual las partes contratantes se obligan a prevenirlo y sancionarlo
penalmente. También define lo que ha de entenderse por genocidio, señalando que en ningún caso este delito puede ser
considerado como de carácter político. Aclara que las personas acusadas de
genocidio serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en el cual el
delito fue cometido, o ante la
Corte Penal Internacional que sea competente respecto a
aquellas de las Partes Contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.
También se tiene, en segundo lugar, la “Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, adoptada por la
Asamblea General
de la ONU en su
Resolución 39/46 de 10 de diciembre de 1984, aprobada en Colombia por la Ley 70 de 1986 y ratificada el
8 de diciembre de 1987, en cuyo artículo 1º se define el delito de
tortura, y en el artículo 4º se impone a los Estados la obligación de perseguir
tal crimen e incorporar en las legislaciones nacionales normas que garanticen la
compensación adecuada para las víctimas del mismo. En el
mismo sentido, se alza la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar
la tortura”, aprobada mediante la Ley 408 del 28 de octubre de 1997.
Igualmente, Colombia suscribió el 8 de mayo de 1994
la “Convención Interamericana sobre
desaparición forzada de personas”, adoptada por la
Asamblea Generalla
ONU el 9 de junio de 1994, y aprobada internamente por
la Ley 707 de
2001. En esta Convención, los Estados americanos signatarios parten de la base
de que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales
de la persona humana, por lo cual se comprometen a adoptar varias medidas,
entre ellas:
a) La
tipificación como delito de la desaparición forzada de personas y la imposición
de una pena apropiada de acuerdo a su extrema gravedad; b) el establecimiento
de la jurisdicción del Estado sobre la causa en los casos en que el delito se
haya cometido en su territorio; c) la consagración de la desaparición forzada
como delito susceptible de extradición; e) La prohibición de aceptar la
obediencia debida como eximente de responsabilidad; y f) la prohibición de que
presuntos responsables del delito sean juzgados por jurisdicciones especiales.
También es pertinente destacar que el artículo séptimo de la Convención establece
que la acción y la sanción penal por el delito de desaparición forzada de
personas no están sujetas a prescripción; sin embargo, el segundo inciso
reconoce una excepción cuando exista una norma interna que impida la aplicación
de la imprescriptibilidad, caso en el cual el período de prescripción debe ser
igual al término de la sanción del delito más grave en la legislación del país…
Pero es claro para la Corte
que la no incorporación en la legislación interna de una norma que en estricto
sentido defina los delitos de lesa humanidad, no impide su reconocimiento a
nivel nacional, porque con base en el principio de integración –artículo 93 de la Carta Política-
Por lo demás, así se dejó expreso en la exposición de motivos a la
tipificación de los crímenes de graves violaciones a los derechos humanos, que
son, desde la perspectiva internacional, delitos de lesa humanidad –genocidio,
desaparición forzada, desplazamiento forzado y tortura-…
Por lo tanto, para efectos de
calificar los crímenes atroces cometidos contra la población civil por los
grupos armados al margen de la ley, dentro del contexto de los llamados crímenes de lesa humanidad, debido a
que se trata de una variedad de delitos de graves violaciones a los derechos
humanos, que fueron tipificados en la legislación nacional bajo títulos que consagran bienes jurídicos tradicionales, los operadores jurídicos deberán remitirse al
Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional para fijar su contexto, en
concreto, a su artículo 7º, concordándolo con las normas del Código Penal
nacional que castigan tales comportamientos.
Ahora, sobre la imprescriptibilidad que caracteriza los delitos de lesa
humanidad, directamente consagrada en el Estatuto de Roma, cabe precisar,
acorde con lo examinado al momento de referenciar la Convención Interamericana sobre
desaparición forzada de personas, que si bien la Corte Constitucionalla Sentencia C-580
En particular, la sentencia que se analiza advirtió cómo el artículo 28 de la Carta Política
Así, se halla claro que en Colombia, acorde con la prohibición expresa del
artículo 28, la pena aplicada, para cualquier tipo de delito, incluidos los de
lesa humanidad, no es imprescriptible.
Cosa diferente ocurre con la acción penal, en cuyo caso, precisamente por
virtud de la gravedad de las conductas, la necesidad de protección y
resarcimiento de las víctimas y el deseo
de precaver la impunidad, en los casos de delitos como el de desaparición
forzada (que fue el directamente examinado por la Corte Constitucional
En consecuencia, efectivamente el delito en sí mismo es imprescriptible,
dice la Corte Constitucional
Empero, añade, precisamente por ocasión de la necesaria ponderación entre
las finalidades de la imprescriptibilidad y los derechos de los procesados, en
los casos en los cuales la justicia ya ha individualizado y vinculado (a través
de indagatoria o declaratoria de persona ausente, o, agrega la Sala , para los casos
regulados por la Ley
906 de 2004, de la formulación de imputación) a los partícipes o intervinientes
en los hechos, sí debe atenderse a las normas que regulan la prescripción,
pues, la persona, ya sometida al imperio de la justicia, no puede permanecer
indefinidamente en condición sub iudice…
Es factible, entonces, que un delito de lesa
humanidad reporte como tal la condición de imprescriptibilidad en su
investigación, pero acerca de personas determinadas -individualizadas y
formalmente vinculadas- exija el cumplimiento de los términos de investigación
y juzgamiento. Debe agregarse, eso sí, como lo señaló el alto Tribunal
Constitucional, que en los casos de delitos permanentes –como la desaparición
forzada-, ese término prescriptivo no corre hasta que se sepa del destino del
desaparecido, porque de acuerdo con el artículo 84 del Código Penal la
prescripción debe contarse “desde la perpetración del último acto”…
Toda esta referencia a los lineamientos básicos que caracterizan los
crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, tiene por objetivo definir
el contexto en el que pueden encuadrarse
los delitos cometidos por los integrantes de grupos
paramilitares, entre ellos, los miembros de las autodefensas que en virtud de
acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, punto en el cual parte la
Sala de reconocer que tales grupos armados al margen de la
ley se organizaron en un principio bajo dos objetivos específicos, a saber,
actuar como estructura antisubversiva y como banda de delincuencia organizada
con fines de “limpieza social”, contexto en el cual, ha de admitirse,
cometieron simultáneamente toda suerte de acciones delictivas, así, crímenes de
guerra, delitos de lesa humanidad y delitos comunes[24],
resultando de suma complejidad el proceso de imputación de delitos.
Así, por ejemplo, una masacre tiene lugar al mismo tiempo en que se portan
armas y prendas de uso privativo de las fuerzas armadas o que se usan vehículos
hurtados, además de que también se ocasionan torturas, lesiones, secuestros,
etc.
No puede perderse de vista en este punto, que si bien el crimen de guerra
puede coincidir como delito de lesa humanidad, éste va más allá de la violación
de las leyes y costumbres de la guerra, porque lesiona los derechos más
fundamentales de la persona humana como ser individual y colectivo. “Los
delitos de lesa humanidad desarticulan y agravian las bases más vitales de la
convivencia de la especie, a tal punto que el concepto de “hombre” como la más
clara expresión de nuestro existir y coexistir dignamente, está seriamente
desconocido y afectado por las manifestaciones de violencia”[25].
Por eso, desde la perspectiva de la gravedad, si bien es cierto que el
desvalor causado por una determinada conducta que al mismo tiempo puede
constituir un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o un delito común,
dependerá en última instancia de la naturaleza de los bienes jurídicos
individuales afectados, ha de admitirse que cuando ellos coinciden (vida,
integridad física, integridad psicológica, libertad sexual, etc.), debe
considerarse que el desvalor derivado de que la existencia de un conflicto
armado haya jugado un papel sustancial en la decisión del autor de llevar a
cabo una conducta, en su capacidad de realizarse o en la manera en que la misma
fue finalmente ejecutada, no es comparable con el desvalor generado cuando se
considera que la conducta formó parte de un ataque sistemático o generalizado
contra la población civil o por ser el medio con el que se pretendió
aterrorizar a la población...
Pero además, no puede desconocerse que la comisión múltiple de delitos que
se requieren para alcanzar la categoría de crímenes de lesa humanidad,
incrementa la gravedad del delito, porque una víctima que es atacada en el
contexto más amplio de un ataque generalizado o sistemático es mucho más
vulnerable, en la medida en que se suprimen todos los medios de defensa.
Tomando en consideración los anteriores factores relevantes, la Corte no duda en señalar que
las graves conductas cometidas por los paramilitares deben enmarcarse,
primordialmente, dentro del contexto de crímenes de lesa humanidad, pues el
ataque perpetrado contra la población civil adquirió tales dimensiones de
generalidad y sistematicidad, que alteró de manera significativa el orden
mínimo de civilidad, implicando el desconocimiento de principios fundantes del orden
social imperante.
Los asesinatos, torturas, masacres, desapariciones, desplazamientos
forzados, violaciones, y en fin las múltiples violaciones sistemáticas a los
derechos humanos confesadas hasta el momento por los desmovilizados de esos
grupos armados que han sido escuchados en versión libre en el trámite del
procedimiento señalado en la Ley 975 de 2005, no dejan duda
de que se configuran las características esenciales que delinean los delitos de
lesa humanidad, en los términos aquí analizados.
Y es a partir de este reconocimiento que es posible imputar el delito de
concierto para delinquir agravado, que no se encuentra dentro de las categorías
tipificadas en el capítulo de los delitos contra personas y bienes protegidos
por el derecho internacional humanitario, cuando, como se dijo recientemente en
el caso de Wilson Salazar Carrascal, alias “El Loro”, se trata del
comportamiento delictivo central, ya que las actividades criminales objeto de
atribución en el marco de la Ley
975 de 2005, responden a fenómenos propios de la “criminalidad organizada” y de
“violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos”[26].
Y resulta lógico que esa conducta no se encuentre dentro de la
categorización de los delitos contra personas y bienes protegidos, porque el
derecho internacional humanitario, entendido como el conjunto de normas que
regulan el comportamiento de las partes contendientes durante un conflicto
armado, tiene como fin último la limitación, que no la sanción de los
conflictos armados, obligando en la misma medida a todas las partes
contendientes, con independencia de quién inició el conflicto y de las razones
que lo suscitaron.
En consecuencia, excluida toda distinción que tenga su origen en la
presunta responsabilidad de alguna de las partes contendientes en la iniciación
del conflicto armado, cualquier presunta violación del derecho internacional
humanitario debe analizarse a la luz de los estándares establecidos por el
mismo[27]. De
esa manera, sólo las infracciones más graves del derecho internacional
humanitario, denominadas “crímenes de guerra”, dan lugar a la responsabilidad
penal individual de sus autores, quedando por fuera la sanción de otras
conductas que a la luz de esas normas no configuran delito.
La solución al problema jurídico planteado es de complejas dimensiones, ya
que lo que está en juego es la aplicación de normas que sancionan las
violaciones graves al derecho internacional humanitario frente a normas que
sancionan delitos comunes que pueden enmarcarse dentro del contexto de lesa
humanidad, pues aunque no son incompatibles, no puede a la hora de efectuarse
la adecuación típica de los hechos juzgados, ubicarse unas conductas dentro del
contexto especial del Título II, capítulo I del Código Penal, y otras,
ocurridas en el mismo contexto, por fuera de él, sin una argumentación válida
que lo justifique[28]…”.
2. Respecto del principio y derecho fundamental de
la legalidad estricta, la Corte
ha razonado en el sentido de su plena operancia cuando de la aplicación del
derecho interno se trata, pero cuando quiera que exista necesidad de enfrentar
los lineamientos de la legislación interna con la internacional, ha de aplicarse
un criterio de flexibilización, en
cuanto esa normatividad ha sido acogida por Colombia y al conformar lo que se
ha denominado como bloque de constitucionalidad, no sólo se impone su
aplicación, sino su prevalencia sobre los cánones patrios.
Sobre el tema, en providencia del 16 de diciembre
de 2010 (radicado 33.039), se dijo:
“1. La Sala comienza por reivindicar el principio de legalidad
reconocido en nuestra Constitución Política como bastión de protección contra
la arbitrariedad…
El
principio de legalidad fue concebido como manifestación de la igualdad, la
libertad y la fraternidad. La libertad reflejada en su esencia, en la
materialización de lo intangible de su alcance, de manera que el albedrío del
hombre lo conduce a la posibilidad de hacer todo lo que se quiera en tanto no
esté prohibido; también la igualdad en la medida que como la ley contiene un mandato
universal e impersonal, tiene como destinatarios a la totalidad de los
integrantes del pueblo sin distingo alguno; y la fraternidad proyectada en la
aspiración de que el mandato legal conduzca a generar la mayor cantidad de
felicidad compartida por el más alto
número posible de personas.
Así, la
legalidad limitó la arbitrariedad del soberano, y modificando la relación del
hombre y del poder con la ley, propició
la desaparición de los súbditos y el nacimiento de los ciudadanos…
Al amparo
del principio de legalidad surgió el derecho penal del Estado liberal,
concebido como escenario de protección del reo contra la enorme capacidad de
discrecionalidad del soberano,
proyectando sus alcances a distintas dimensiones de la convivencia, iniciándose
una tradición de respeto por los límites al poder del Estado, que con el paso
de los siglos ha sido enriquecida y fortalecida, convirtiéndose en pilar
fundamental de la filosofía de los derechos humanos y de las constituciones
contemporáneas.
Siendo el principio de legalidad hijo de los principios de
libertad, igualdad y fraternidad, tiene
además la paternidad responsable del
llamado Estado de Derecho. Cuando el
artículo 1º de nuestra Constitución Política declara que Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho,
está invocando desde la dimensión del Estado de Derecho, el respeto por el
orden jurídico, la tri-división del poder público y el control de las autoridades públicas; todo
dentro de la consigna de la exaltación
de la dignidad humana.
Como se puede observar, el principio de legalidad es
patrimonio de la modernidad y conquista medular de los derechos humanos, y a la vez, generador de una tradición
jurídica en todo el sistema romano germánico, que por lo mismo debe ser
preservado.
2. Sin embargo, el
principio de legalidad, tal como fue concebido por el revolucionario
francés, suponía la existencia del Estado nacional con presencia de los tres
poderes públicos en colaboración armónica y sinceramente comprometidos con el
desarrollo del pueblo al que representaban y protegían; siendo las garantías
judiciales ante todo talanquera contra el poder arbitrario del soberano;
situación que a mediados del siglo XX tendió a modificarse.
Esto porque desde la segunda posguerra del siglo pasado,
la comunidad horrorizada por la confrontación bélica, la barbarie y la
intolerancia que sobrepasaba las fronteras y las capacidades nacionales,
comenzó a construir un nuevo derecho penal con dimensión internacional,
limitado a cuatro categorías de delitos que ofendían a la humanidad entera: el
crimen de agresión, el genocidio, los delitos de lesa humanidad y las
infracciones graves contra el derecho internacional humanitario.
Estos llamados “delitos internacionales” generaron una
reacción de la comunidad civilizada, en
tanto que el titular de los derechos afectados con estas cuatro categorías
delictivas era la totalidad de la humanidad, se comenzó a escribir en el
contexto internacional un nuevo derecho con unas categorías un tanto distintas
a las patrias, precisamente debido al grado de complejidad originado en la
inexistencia, tanto de un legislador estricto sensu, como de una autoridad
judicial de alcance planetario.
La comunidad universal y la conciencia de la humanidad
se convirtieron así en los destinatarios de la protección ofrecida por tal
principio de legalidad internacional, de suerte que se modificó, tanto la
dimensión a proteger (de lo local a lo global), como la fuente normativa del
derecho a aplicar y su redactor.
Se replanteó, en función de la protección de la
comunidad orbital, la dogmática del derecho penal internacional, y se redefinió
el principio de legalidad.
Es así que el artículo 28 del Estatuto de la Corte Internacional
Resulta oportuno reconocer que a partir de la vigencia
de los Tratados de Derechos Humanos se ha universalizado el compromiso
legislativo en pro de su reivindicación y se han precisado los niveles de
protección de los habitantes del mundo, en dos sistemas interrelacionados entre
sí, con la obligación doméstica de ajustar sus estándares a la sistemática
internacional.
Es más, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos como el Pacto de San José y el Convenio Europeo de Derechos
Humanos, extienden el principio de legalidad al derecho internacional.
Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos advierte en su artículo 15 numeral 1º que “Nadie podrá ser condenado
por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según
el derecho nacional o internacional.”
Pero va más allá en su numeral 2º en el que de manera
tajante advierte: “Nada de lo dispuesto
en este artículo se opondrá al
juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento
de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho
reconocidos por la comunidad internacional.”
Por su parte, el Pacto de San José en su artículo 9º al
consagrar el principio de legalidad no lo limita al derecho patrio señalando
que: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.”
A su turno, el Convenio Europeo de Derechos Humanos al
reconocer el principio de legalidad, establece en su artículo 7º una fórmula
similar a la adoptada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
al advertir en su numeral 1º que: “Nadie
podrá ser condenado por una acción u omisión que, en el momento en que haya
sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o
internacional.” En su numeral 2º,
advierte de manera perentoria que: “El presente artículo no impedirá el juicio
y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el
momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del
derecho reconocidos por las naciones civilizadas.”
Esta cláusula colocada, tanto en la Convención Europea
Tal flexibilización a la legalidad, que implica una
restricción a las garantías del justiciable en pro de la lucha contra la
criminalidad que agravia a la humanidad, se explica en que con frecuencia se trata
de una manifestación delincuencial auspiciada –o sistemáticamente cometida- por
los Estados totalitarios, que por supuesto no estarían interesados en legislar
tipificando sus propios actos.
La experiencia más temprana de la flexibilización o
redefinición del principio de legalidad a escala internacional se vivió en los
procesos de Nuremberg[30],
regidos por unos principios, el primero
de los cuales advierte:
“Toda persona que cometa un acto que constituya delito
de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción.”
Y en el principio II se estipula que:
“El hecho de que el derecho interno no imponga pena
alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de
responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido.”
Por su parte, en los “Principios de cooperación
internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los
culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad[31]”
se leen los siguientes:
1. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa
humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido,
serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen
pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas,
enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas.”
2. Todo Estado tiene el derecho de juzgar a sus propios
nacionales por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.”
Así, es claro que sin importar el momento de comisión
del delito de guerra el mismo debe ser juzgado, pero a la vez que el Estado en
que se cometió tiene derecho a investigarlo y en dado caso a imponer las
condenas de rigor.
En el mismo instrumento, en su numeral 8º se dispone
que:
“Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni
tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones
internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la
detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o
crímenes de lesa humanidad.”
Así, el principio de legalidad en tratándose
exclusivamente de crímenes internacionales –de agresión, de guerra, de lesa
humanidad y genocidio, se redefine en función de las fuentes del derecho,
ampliándolas en los términos del artículo 38 del Reglamento de la Corte Internacional
En ese contexto de ampliación del concepto de ley, hay que recordar que nuestro país ha suscrito
convenciones internacionales que
sancionan delitos internacionales, entre ellos las graves infracciones al
derecho internacional humanitario.
Tales
Instrumentos fueron incorporados a la legislación interna de nuestro país, ya
que mediante la Ley
5ª de 1960 se aprobaron los cuatro Convenios de Ginebra de 1949; por la ley 11
de 1992 su Protocolo Adicional I y en virtud de la ley 171 de 1994 el Protocolo
Adicional II.
A partir de la vigencia de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados (de 23 de mayo de 1969) se considera que es un
principio del derecho de gentes que en las relaciones entre Estados
contratantes las disposiciones de derecho interno no pueden prevalecer sobre
las de un tratado y que así mismo una parte contratante no puede invocar su
propia Constitución ni su legislación interna para sustraerse de las
obligaciones que le imponen en derecho internacional el cumplimiento de los
tratados vigentes.
Por otra parte, variadas han sido las experiencias en el
contexto internacional en las que sin la mediación legislativa local se han
aplicado penas originadas en delitos internacionales, construyéndose así la costumbre y jurisprudencia internacional, que han venido aclarando los alcances del principio
de legalidad en este contexto; iniciándose con los Juicios de Nuremberg y
Tokio, que abrieron el escenario de la llamada justicia internacional, en
protección de la humanidad.
También Camboya, país asiático que vivió la tiranía del
régimen marxista-leninista-maoísta de los Jamer Rojos, con la dictadura de
Saloth Sar (llamado Pol Pot), entre el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de
1979, época en la que se exterminó por lo menos a la tercera parte de la
población, período en que aquel país se
llamó Kampuchea Democrática; crímenes para cuyo juzgamiento se instalaron en el
2006, a
instancias de la ONU ,
Salas Extraordinarias de Juicios, una de
las cuales produjo el pasado 26 de julio, la primera sentencia contra Kaing
J.C. Eav, alias Duch; en la que se le juzgó y condenó como líder del régimen,
no obstante no existir legislación patria que determinara que las atrocidades
cometidas contra la población eran consideradas crímenes internacionales.
En Europa, por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo en varios pronunciamientos[32], ha
dejado claro que en materia de principio de legalidad, la noción de derecho
aplicable se extiende no sólo a las normas escritas de orden nacional sino
también al no escrito, haciendo expresa referencia a la jurisprudencia,
costumbre y doctrina internacional.
En ese orden, en tratándose de crímenes internacionales
la legalidad supone la integración de los tratados internacionales a los
sistemas jurídicos domésticos con plenos efectos como ley previa para hacer
viable su sanción, así los mismos no estuvieran formalmente tipificados en la
legislación nacional al momento de su comisión, tal como se ha concluido en
procesos adelantados por las Cortes Supremas de Justicia de Uruguay[33],
Argentina[34],
Chile[35]
y Perú[36],
entre otros.
Otra fuente de limitación al principio de legalidad en
los países del Cono Sur, viene como efecto de la sentencia proferida por la Corte Interamericana
En ese contexto, la Corte Supremala Constitución del país austral “Caso Camps”);
sentencia en la que la Corte
convalidó la utilización de una ley ex post facto de orden internacional para
imponerles condena, como fue la Convención
Interamericana
Así, se puede afirmar que so pretexto de la omisión legislativa
interna, no es dable abstenerse de castigar los delitos internacionales, en una
doctrina construida a partir de casos en que era notoria la incidencia que
tenían los perpetradores en los legisladores, quienes ya por intimidación,
connivencia o simple indiferencia, se abstenían de incorporar a la legislación
nacional la tipificación de tales conductas.
Incluso, desde antes de existir la legislación
internacional que sancionaba los crímenes de guerra, era previsible que los
mismos fueran a ser tipificados como tales, según sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de 17 de mayo de 2010, en el caso de Vassili
Kononov, un exmilitar soviético que fue condenado en el año 2004 por un tribunal
de Letonia; sentencia que fue avalada
por el Tribunal de Estrasburgo.
Hay que ser enfáticos en señalar que dicha flexibilidad
al principio de legalidad es atendible exclusivamente a las cuatro categorías
de los llamados delitos internacionales, vale decir a los crímenes de
genocidio, agresión, de lesa humanidad y contra el derecho internacional
humanitario.
Así, siendo
que las conductas contra el llamado Derecho Internacional Humanitario
contenidas en los cuatro convenios ginebrinos de 1949 y sus dos protocolos
adicionales, tienen rango de Tratado Internacional de Derechos Humanos, son
incorporadas automáticamente a la legislación interna desde que se surtieron en
nuestro país todos los pasos para que tal calidad pudiera ser predicada de los
mencionados acuerdos internacionales.
Desde dicho precedente, aunque referido al delito de genocidio, no importa
que la ley que tipifica los crímenes contra el D. I. H. sólo tenga como límite
temporal de su inicio el 25 de julio de 2001, ya que desde que los Tratados
internacionales fueron suscritos y ratificados por nuestro país, se adquirió la
obligación de su positivización y sanción:
“En este orden de ideas -conforme al Bloque de
Constitucionalidad establecido mediante los artículos 93 y 94 de la Constitución Política
de Colombia, que otorga una prevalencia superior a los Tratados y Convenios
Internacionales sobre Derechos Humanos, el ordenamiento jurídico interno de
nuestro país debe adecuarse a los principios que, se ha predicado, son de
carácter internacional y que orientan las políticas en materia de protección de
derechos humanos y sanción por sus violaciones a través de las instituciones
estatales establecidas para tal fin-, no puede desconocerse que hace varias
décadas existen normas internacionales que han definido cuál debe ser la forma
de proceder por parte del Estado Colombiano respecto de lo que se ha referido. En este entendido, no puede ser
aceptable que por, la negligencia o dificultad legislativa en promulgar leyes
internas que se hubiesen adecuado a dichos derroteros, se pretenda desconocer
que a nivel internacional, previo a dicho trámite, ya se había proscrito la
comisión del genocidio y se le había categorizado como un crimen atroz
desconocedor de la humanidad, así como que su investigación puede hacerse en
cualquier tiempo y, en razón de ello, no aplican reglas ni términos de prescripción
respecto del ejercicio de la acción penal, civil o administrativa.
En síntesis, el Estado Colombiano tiene el deber
de cumplir y hacer cumplir, mediante sus Instituciones, de investigar y juzgar
las graves violaciones a Derechos Humanos, pues, es su obligación adquirida
para con la humanidad mundial, definida mediante los Tratados y Convenios
Internacionales que sobre la materia ha suscrito, en atención al principio
pacta sunt servanda, así como en los Tratados que no ha suscrito pero que son
vinculantes por referirse a Principios de Derecho Internacional, por su
pertenencia a la
Organización de las Naciones Unidas, por su aceptación de
jurisdicción subsidiaria respecto de Organismos Judiciales Internacionales y
que en su jurisprudencia le ha recordado y reiterado dichos deberes, como surge
del fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, fechada el 11 de
mayo de 2007, dentro del caso de la
Masacre de la
Rochela Vs. Colombia…”
En síntesis, el Magistrado con Funciones de Control
de Garantías de la Sala
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla no actuó por fuera del
ordenamiento jurídico al haber revisado la tipicidad de los hechos
jurídicamente relevantes formulados en la imputación para efectos de imponer
medida de aseguramiento, como lo consideró el Fiscal apelante; pero erró en las
consideraciones por medio de las cuales calificó inaplicable la legislación que
sanciona los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario a las conductas desplegadas por… antes del 25
de julio de 2001, esto es, de la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000.
Por tal razón la providencia impugnada será modificada extendiendo la
medida de aseguramiento de detención preventiva a la totalidad de delitos, al
considerarse como infracciones graves al derecho internacional humanitario…”.
Por lo demás, como bien refiere la Fiscalía , no obstante la
contextualización que se hiciera en la acusación y en la providencia recurrida,
lo cierto es que el proceso de adecuación típica se hizo dentro de los lineamientos
del Código Penal, Ley 599 del 2000, esto es, los diversos hechos imputados se
ubicaron en los tipos penales de la legislación interna, desde donde la queja
del recurrente carece de razón.
Sobre la concurrencia entre el Homicidio y la
Desaparición forzada
El Ministerio Público afirma que se observan
dificultades en aquellos casos en los cuales se tipificó la desaparición
forzada con fines de homicidio, pues el estado de indefinición sobre la suerte
de la víctima fue solucionado exclusivamente a partir de la versión del
postulado, desde donde no resulta coherente que el homicidio se tipifique con
la prueba de confesión, pero al mismo tiempo se sostenga que la desaparición
continúa consumándose.
No admite discusión que la desaparición forzada es
una conducta punible de ejecución permanente, esto es, que desde el acto
inicial, la retención arbitraria de la víctima, el hecho continúa consumándose
de manera indefinida en el tiempo, y el límite final de ejecución del delito
está dado por la terminación de ese estado de privación de libertad, ya porque
de alguna manera se recobra ésta (el victimario la libera, es rescatada, etc.),
ya porque se ocasiona su deceso.
Si la persona es privada de su libertad de
locomoción, luego de lo cual se le causa la muerte, no genera incertidumbre la
comisión de dos conductas diferenciables que, por tanto, concurren, en tanto se
presentan dos momentos, uno de retención y otro de muerte, pero es evidente que
la primera deja de consumarse cuando se causa el homicidio. Pero la fijación de
un momento cierto en el cual termina la consumación no descarta la existencia
de la desaparición.
La situación es diversa cuando solamente existe un
momento, esto es, sucede la privación de libertad y no existe prueba alguna
respecto de que se puso punto final a ese estado; por tanto, la desaparición
continúa ejecutándose de manera indefinida en el tiempo y, así, el término de
prescripción de la acción penal (cuando sea viable tal instituto) no comienza a
correr, pues tal sucede exclusivamente cuando cesa la privación de la libertad,
o, lo que es lo mismo, cuando deja de consumarse la desaparición.
Dicho lo anterior, asiste razón a la Fiscalía cuando, en su
intervención como sujeto procesal no recurrente, concluyó que, fuera de sus
posturas teóricas, el Ministerio Público, no concretó los casos específicos en
los cuales no había lugar a la concurrencia pregonada.
Así, a la
Corte , que actúa funcionalmente como juez de segunda
instancia, no cuenta con elementos concretos de revisión, como que fuera del
aspecto teórico ya tratado, la
Procuraduría no le especificó hecho alguno en donde
supuestamente se habría incurrido en irregularidad al deducir un concurso de
conductas, cuando el mismo no se estructuraba.
La censura el Ministerio Público, en consecuencia,
no prospera.
Sobre otras peticiones del Ministerio Público
Como temas puntuales, la Procuraduría señala que
en los casos de homicidio en persona protegida imputados a Fierro Flores (números 11, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 38, 42, 44, 49,
76, 77, 81 y 89) no resulta claro el nexo de las víctimas con el conflicto
armado, en tanto se acude a la “limpieza social” como móvil de las ejecuciones.
No obstante, la lectura del proveído censurado
verifica que, dentro del contexto de flexibilización probatoria propio de la
justicia transicional, el Tribunal relacionó los medios de prueba (las
sentencias condenatorias proferidas en la justicia común, los testimonios de
las víctimas, las versiones de los acusados, informes de diversas entidades y
organismos de control) que acreditan tanto la existencia de los frentes del
Bloque Norte de las AUC, como la pertenencia a ellos de los dos acusados,
dentro del cual actuaron con conciencia y voluntad sobre la existencia del
conflicto armado, en procura de beneficios personales (económicos, de control y
dominio sobre los habitantes, apoderándose de tierras, semovientes y bienes en
general).
Esas pruebas, agregó, demuestran que como parte de
las AUC los acusados incurrieron en ataques generales, sistemáticos y unilaterales
o fuera de combate en contra de la población civil de las regiones sobre las
que operaban; diariamente asesinaban docentes, sindicalistas, comerciantes,
desempleados, campesinos, ganaderos, menores de edad; se les extorsionaba,
desaparecía, torturaba, desplazaba, secuestraba; todo al amparo de
señalamientos de tener supuestos vínculos con la guerrilla o resultar dañinos
para la sociedad, cuando en realidad se estaba ante una política de
fortalecimiento del grupo armado.
En lo atinente a los casos indicados, en los que
para el Ministerio Público se desconoce el móvil y el nexo con el Frente José
Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, en argumento razonable avalado por la Corte el Tribunal estimó que
no hay razón para desestimar los cargos.
Y, en efecto, de la contextualización demostrada se
infiere que en las regiones donde ocurrieron esos hechos operaba el aludido
Frente, generando temor e intimidación en la población, derivados de la
cantidad de muertes verificadas, con la consecuencia del surgimiento en los
pobladores de la necesidad de desplazarse en procura de la preservación de la
integridad propia y de los familiares.
Lo anterior, aunado a la aceptación del acusado,
deriva en la demostración del nexo echado de menos.
Con argumentos apegados a la sana crítica, el
Tribunal precisó en la acreditación suficiente de que los asesinatos selectivos
fueron cometidos en desarrollo de una política criminal encaminada a exterminar
a la subversión, enemigo natural de las AUC, concepto dentro del cual se
incluyó a todo aquel señalado de tener algún tipo de vínculo con la guerrilla;
y los sindicalistas, líderes comunales y personas pertenecientes a otros grupos
fueron tenidos como parte de esa acepción. Las muertes, entonces, no se
causaban por tener esa condición especial, sino por señalamientos infundados de
ser parte de o colaborar con la subversión.
Como en este tema el Ministerio Público carece de
razón, se ratificará la decisión impugnada.
Sobre los bienes
El Ministerio Público y algunos apoderados de las
víctimas llamaron la atención respecto de que los procesos de extinción del
derecho de dominio sobre los bienes vinculados directamente con el accionar del
Bloque Norte de las AUC no se surtan de manera paralela con el de justicia y
paz, en detrimento de los afectados, en tanto la sentencia que ponga fin al
trámite debe disponer su adjudicación a éstas.
La explicación suministrada por la delegada de la Fiscalía , en su
intervención como no recurrente, resulta de buen recibo, en tanto si el proceso
para la extinción del derecho de dominio fue iniciado con antelación a la
postulación de los acusados para su sometimiento al trámite de justicia y paz,
es claro que ha de estarse a los resultados de aquella vía, como que la misma
respeta los cánones del debido proceso preexistente.
No obstante ello, y a pesar de que la Fiscalía hizo saber que
ha hecho requerimientos para la agilización del trámite de extinción, se estima
necesario se insista en ello, en el entendido de
resultar imperioso que al momento de proferirse la sentencia en este asunto, tales
bienes puedan destinarse para que de manera real y efectiva se disponga una
indemnización a las víctimas.
Pero si, llegado ese momento, el trámite de
extinción no se ha resuelto, el Tribunal debe adoptar sus determinaciones
oficiando al funcionario competente que conoce de la acción real, a fin de que
los bienes cuyo derecho de dominio extinga se destinen prioritariamente para el
resarcimiento de los daños y perjuicios causados a las víctimas reconocidas en
este asunto.
Sobre los recursos de los apoderados de víctimas
1. Para postular un recurso y lograr su resolución,
en quien lo intente deben concurrir dos presupuestos esenciales: la
legitimación dentro del proceso y la legitimación en la causa. De no
presentarse uno de ellos, o los dos, el juez ante quien se interponga la
impugnación debe abstenerse de concederla y, si no lo hace, el funcionario que
deba conocer el recurso está facultado para no aprehender el conocimiento. Por
lo último, optará la Sala.
2. La legitimación dentro del proceso significa que
quien muestra su inconformidad se encuentre reconocido como sujeto procesal,
parte o interviniente, una vez ha satisfecho las exigencias que la ley procesal
aplicable regula para el asunto concreto.
En el caso considerado no llama a incertidumbre que
los apoderados recurrentes están legitimados procesalmente para recurrir, por
cuanto conforme a los lineamientos de las Leyes 975 del 2005 y 906 del 2004
fueron reconocidos como representantes judiciales de algunas de las víctimas, a
quienes, a su vez, se les reconoció estatus de perjudicadas con los hechos
investigados.
3. La legitimación en la causa, o interés jurídico
para recurrir, apunta a que la providencia generadora de inconformidad, o la
parte pertinente de ella, muestre de manera evidente que se ha ocasionado un
agravio, un daño, un perjuicio real o efectivo a la parte representada por el
impugnante.
Los medios de gravamen (recursos) están dados para
la postulación de los errores cometidos en las decisiones adoptadas por los
jueces y lograr que el mismo funcionario o su superior funcional aplique los
correctivos del caso.
Un error debe ser entendido como un concepto
equivocado o un juicio falso, contexto dentro del cual, de necesidad, solamente
se estructura si afecta a uno de los destinatarios de la providencia,
afectación ésta que lo habilita para intentar la corrección del yerro.
Mal puede acudirse al medio de impugnación cuando quiera
que la providencia censurada no lesione los derechos de la parte proponente,
pues en tales condiciones no hay yerro imputable. Por mejor decir, si la
determinación judicial se pronuncia en los términos solicitados por el interviniente,
o lo beneficia, o lo hace sobre un asunto que no le fue propuesto, es claro que
no se estructura ningún juicio falso o concepto equivocado y la inexistencia de
éste produce la ausencia de un error, que, por tanto, no perjudica al
destinatario de lo resuelto.
4. Los representantes de las víctimas que
interpusieron apelación están deslegitimados para reclamar los correctivos propuestos.
Fuera de las críticas teóricas a la estructuración de la Ley 975 del 2005, esbozadas
por uno de los impugnantes, para lo cual debe escogerse un escenario diverso al
proceso, solamente se hizo referencia a dos casos puntuales, los números 76 y 91,
con la pretensión de que se incluyan los delitos de homicidio, pues tanto la Fiscalía como el Tribunal
de manera expresa los dejaron por fuera de los cargos formulados, en el
entendido de la existencia previa de sendas sentencias anticipadas sobre esas conductas
contra la vida.
En desarrollo de los largos debates, en donde, caso
por caso, se permitió la intervención de las víctimas, sus apoderados (ya los
actuales, ya los anteriores que les sustituyeron los poderes a estos) no
hicieron alusión, siquiera tácita, al tema señalado en la apelación, como
tampoco sucedió en los alegatos previos a la decisión censurada. Resulta
incuestionable, entonces, que los señores abogados carecen de interés jurídico
en la causa por la que abogan.
5. Por lo demás, con acierto la Fiscalía y el Tribunal
hicieron referencia a que los recurrentes no acudieron a los mecanismos de ley
para intentar, primero, la suspensión de los juicios comunes, y, segundo, su
acumulación a este trámite y es obvio que mientras legalmente el Magistrado de
Control de Garantías no ordenase la suspensión de esos procesos ordinarios,
estos debían seguir su curso normal, desde donde deriva que los fallos
adelantados tienen plena vigencia.
Ello en modo alguno significa desconocimiento de
los derechos de las víctimas, pues acumulados los asuntos comunes al trámite de
justicia y paz quedan habilitadas para intervenir activamente en el incidente
de reparación integral para el reconocimiento de los daños y perjuicios
causados, en tanto la acumulación comporta que los juicios normales entran a
formar parte, en el estado en que se encontraban cuando fueron suspendidos, del
procedimiento aquí seguido.
Ahora, puede suceder que dentro de las sentencias
anticipadas no se hubiesen aclarado las circunstancias de tiempo, modo y lugar
de ocurrencia de los hechos. En tal supuesto, es carga de la Fiscalía , y de los
Magistrados de Justicia y Paz, aplicar los mecanismos para que, sin desconocer
el sentido y consecuencias del fallo adelantado, el postulado rinda versión sobre
tales asuntos, pues ellos inciden directamente sobre la verdad y la justicia a
que tienen derecho las víctimas, exigencias que deben ser satisfechas si se
pretende hacerse acreedor a la pena alternativa.
6. Sobre el tema de la suspensión y acumulación de
los juicios comunes, en auto del 13 de diciembre de 2010 (radicado 33.065), la Sala dijo:
“Cuando se tramitan procesos en la justicia
ordinaria por conductas del desmovilizado, sucedidas durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al
margen de la ley[39], y existe –como en este caso- la
manifestación libre de aceptar esos cargos en el proceso de transición, lo
pertinente es establecer las condiciones de la suspensión y posterior
acumulación de las investigaciones, partiendo del presupuesto de que los
procesos penales ordinarios que se tramitan ya por la ley 600 de 2000, ora por
la ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio), no coinciden en su estructura
procesal con el trámite de la ley 975 de 2005 que fijó el marco jurídico de la reincorporación
de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan
de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, en el marco de un
acuerdo humanitario…
Baste con decir que a partir de la postulación
del desmovilizado al trámite de Justicia y Paz, lo que de hecho implica la
base para iniciar el proceso penal en la justicia de transición, en todo momento es susceptible de
suspender un proceso ordinario (ley 600 de 2000 – ley 906 de 2004) donde se
investiguen conductas sucedidas durante y con ocasión de la pertenencia al
grupo armado organizado al margen de la ley, con la finalidad de definir a
futuro si se acumula o no al proceso de justicia y paz, pues así lo establece
el artículo 20 de la ley 975 (conc. art. 22), y así lo viene reseñando la
jurisprudencia:
“2.2.10. En lo atinente a la acumulación de
procesos se ha afirmado que[40] tiene lugar una vez declarada la legalidad de la aceptación de
los cargos por la Sala
del Tribunal Superior de Distrito Judicial, y que esa figura es distinta a la
de la suspensión de los procesos que
estén a cargo de otras autoridades, por conductas cometidas por el imputado durante o con ocasión
de su pertenencia al grupo armado ilegal. En concreto, la suspensión es una
medida de carácter provisional que compete al magistrado de control de
garantías y tiene como objeto permitir a la fiscalía ahondar sobre ese
vínculo a fin de poder imputarlas en la audiencia de formulación y aceptación
de cargos -si no han sido admitidas por el desmovilizado en la versión libre-.
La acumulación, en cambio, es definitiva y compete al funcionario de
conocimiento”[41]. (Destaca la Sala )
Si en el proceso penal ordinario se cuenta con
fundamento probatorio y con decisión que satisfaga de manera razonable los
presupuestos de la imputación fáctica (la narración de los hechos jurídicamente
relevantes) que permitan inferir la imputación jurídica (provisional, pues aún
faltan controles a la imputación por parte de la Sala de Justicia y Paz) y
fundamentar la atribución
subjetiva de esos hechos al desmovilizado, habrá que predicar entonces que tal
acto de imputación del proceso ordinario (L. 600 / L. 906) corresponde con el
momento procesal de la audiencia de
formulación de imputación en Justicia y Paz ante el magistrado de control de
garantías[42]
quien dispondrá válidamente la suspensión
del proceso ordinario.
La audiencia de formulación de imputación se contrae
a que, tanto la fiscalía como el
magistrado de control de garantías verifiquen las condiciones jurídicas y
procesales de la aceptación por parte del desmovilizado de los cargos (hechos
jurídicamente relevantes) que surjan del acto de imputación que viene
materializado en el proceso penal ante la justicia ordinaria, y lo pertinente
entonces es que el juez que funge como control de garantías en justicia y paz
–una vez verifique las condiciones legítimas de la imputación y aceptación por
parte del desmovilizado- disponga la suspensión de la investigación del trámite
ordinario.
En síntesis, porque se está ante un proceso de contribución
decisiva a la reconciliación nacional que se funda en el compromiso del
desmovilizado de promover el derecho de las víctimas y de la sociedad en
general a la verdad, la justicia y la reparación (en condiciones del debido
proceso de justicia y paz y con respecto de estándares internacionales de
Administración de Justicia).
Por ello, leído el asunto en clave de justicia de
transición, no encuentra la Sala
dificultad alguna en que se provea la suspensión del proceso –penal ordinario-
en el expediente de Justicia y Paz, donde se asumirá el juzgamiento de la
totalidad de conductas cuya responsabilidad acepta el desmovilizado, para que
se continúe la investigación y juzgamiento bajo el trámite de la ley 975 de 2005” .
7. Lo anterior no obsta para que la Sala encuentre necesario
hacer un respetuoso llamado de atención a la Defensoría Pública
Ese mecanismo, en sí mismo, no comportaría irregularidad
alguna. No obstante, todo indica que, al parecer, la entidad no ha establecido
parámetros, líneas de actuación de sus abogados y estos mismos han desconocido
principios básicos del proceso, en tanto cada nuevo abogado desconoce que
cuando llega al juicio debe tomar la actuación en el estado en que se
encuentre, y sucede que el último omite totalmente lo hecho por su predecesor y
entra a postular cosas diversas, las cuales, las más de las veces, van en
contravía de lo propuesto por quien lo antecedió, olvidando que el antiguo y el
nuevo apoderado defienden la misma causa y el último no puede pretende
“revivir” instancias que quien le sustituyó el mandado no quiso utilizar.
Sobre el porte de armas
De manera oficiosa, la Corte considera necesario
pronunciarse sobre la imposibilidad de que en los procesos sometidos al trámite
de justicia y paz se hagan concursar comportamientos como el concierto para
delinquir y los relacionados con el título II, Capítulo Único de la Parte Especial
El concierto para delinquir cargado en contra de
los postulados al trámite y beneficios de la Ley 975 del 2004, parte del presupuesto necesario
de la conformación o pertenencia a grupos armados ilegales.
Los delitos contra personas y bienes protegidos por
el DIH, tienen como elemento estructurante indispensable que las conductas se
realicen “con ocasión y en desarrollo de conflicto armado”.
En esas condiciones, no admite discusión que la
persona se encuentra vinculada al trámite de justicia y paz, en razón de que
necesariamente hizo parte de un grupo armado ilegal. Por
tanto, el empleo de armas de fuego se convierte en un elemento de los tipos
penales imputables, desde donde surge que tal conducta no puede ser cargada de
manera independiente, pues ella se subsume dentro de aquellas que hicieron
viable la vinculación al procedimiento de la Ley 975 del 2005.
La conclusión se ratifica cuando la razón de ser de
la Ley 975
precisamente comporta la militancia en un grupo armado ilegal. Así, el
legislador, al momento de su expedición, motivó que se trata de la ley “por la
cual se dictan disposiciones para la reincorporación de grupos armados
organizados al margen de la ley…”, criterio que fue reiterado en sus artículos
1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 9ª (éste, incluso, define como desmovilización el acto de
“dejar las armas”), 10, 11, 16, 17, 20, 25.
En relación con el delito de rebelión, la Corte se ha pronunciado en
similares términos, los cuales resultan aplicables en este caso, en tanto, con
la salvedad de su connotación de delito político, lo cierto es que la
estructura de ese tipo penal, al igual que sucede con el de concierto para
delinquir (en la modalidad de conformación de grupos armados ilegales), exige
como elemento el empleo de armas de fuego, supuesto en el cual la última
conducta (porte de armas), tampoco se pone a concursar con la rebelión.
El 26 de agosto de 2009 (radicado de extradición 31.106),
la Sala expuso:
“Sobre el particular, basta decir que la Corte ya se ha referido al punto en oportunidades
anteriores, para indicar que el comportamiento delictivo definido en los Estados Unidos de América
como ‘Hostage taking’, no es equiparable al tipificado en la legislación
colombiana como toma de rehenes en el artículo 148 del Código Penal, por no
concurrir la exigencia típica consistente en que la privación de la libertad
opere con ocasión o dentro del marco de un conflicto armado. En concreto,
expresó:
“En este punto cabe observar que el delito de ‘Hostage taking’, traducido
como toma de rehenes, no es asimilable al que denomina de esta última forma el
artículo 148 del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000.
“En esta figura típica, que atenta contra personas y bienes protegidos por
el Derecho Internacional Humanitario, se sanciona la conducta del que,
‘con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de su
libertad condicionando ésta o su seguridad a la satisfacción de exigencias
formuladas a la otra parte, o la utilice como defensa’…
3.5. El delito de utilización de arma de fuego en un delito violento… encuentra
en abstracto equivalencia típica en la legislación colombiana en el artículo
366 del Código Penal (Ley 599 de 2000)…, que define la fabricación, tráfico y
porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas…
Sin embargo, dentro del contexto de los hechos juzgados, esta conducta, en
el ordenamiento penal colombiano, se subsume en el delito de rebelión,
tipificado en el artículo 467 del Código Penal (Ley 599 de 2000), que como se
sabe es de índole política, pues no puede desconocerse que el Ejército de
Liberación Nacional es una organización rebelde, … que se ha planteado como
objetivo derrocar al gobierno nacional y el orden constitucional y legal
vigente, a través de las armas, elementos que conforman su estructura típica…”
De tal manera que si el uso de armas de fuego, además
de convertirse en elemento de los tipos penales habilitantes del proceso de
justicia y paz, se convierte en un presupuesto de procedibilidad que permite al
postulado hacerse acreedor al trámite y beneficios de la Ley 975 del 2005, el mismo no
puede ser cargado de manera independiente y concurrente con tales
comportamientos, que, así, lo subsumen.
Aclaraciones finales
Cabe precisar que las particularidades propias del
procedimiento de justicia y paz, en modo alguno relevan de la necesidad de
realizar el proceso de adecuación típica, con el respeto a los nombres
jurídicos señalados por el legislador, ya nacional, ya internacional. Por ello,
debe llamarse la atención, tanto de la Fiscalía como del Tribunal, como hiciera un
Magistrado en su aclaración de voto, para que en lo sucesivo se abstengan de
acudir a denominaciones como aquella de “hechos de sangre”, la cual no solamente
no es jurídica, sino que se muestra ambigua y puede prestarse a equivocaciones,
en tanto si con ello quiere significarse que se trata de eventos en donde se ha
involucrado el derramamiento de ese líquido vital, es obvio que ello se
presenta en diversos casos, como riñas, lesiones, abortos, etc.
Al Tribunal le corresponde pronunciarse sobre el
incidente de reparación integral propuesto por el apoderado del señor Éder José
Scaldaferro Silvera y el reconocimiento pretendido por la señora Leodith de
Jesús Mangones Fragozo, según escritos allegados a la Corte.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia,
RESUELVE
Primero. Abstenerse de conocer la apelación
interpuesta por los dos defensores de algunas de las víctimas reconocidas.
Segundo. Declarar que el delito de porte de
armas de fuego se subsume dentro de las conductas delictivas imputadas en el
trámite de la Ley
975 del 2005.
Tercero. Confirmar, en lo restante y en lo que
fue objeto de apelación por parte del Delegado del Ministerio Público, el auto
del 14 de diciembre de 2010, por medio del cual la Sala de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Bogotá se pronunció sobre la legalidad de los cargos
formulados en contra de Édgar Ignacio
Fierro Flores y Andrés Mauricio
Torres León.
Cuarto. En relación con el trámite a
seguir, el Tribunal aplicará los lineamientos relacionados en la parte motiva.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase.
JAVIER ZAPATA ORTIZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
PERMISO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
SIGIFREDO
ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
[1] Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, auto de segunda instancia del 2 de febrero de 2011,
radicación No 35.582. En sentido semejante, auto de sustanciación del 26 de enero de 2011.
[2] Artículo 12 de la Ley
de Justicia y Paz.
[3] Artículo 15 ibídem.
[4] Artículo 14 ibídem.
[5] Artículo 13 ibídem.
[6] Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 8º), Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (artículo
14-1), Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo
25).
[7] Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, auto de segunda instancia del 3 de octubre de 2008,
radicación No. 30.442. En igual sentido, auto de segunda instancia del 24 de
marzo de 2010, radicación No. 33.257, entre otros.
[8] Corte Constitucional, sentencia C-295/93
[9] Se incluyen como delitos contra personas y bienes
protegidos por el derecho internacional humanitario, los de homicidio en
persona protegida, lesiones en persona protegida, tortura en persona protegida,
acceso carnal violento y actos sexuales violentos en persona protegida,
prostitución forzada o esclavitud sexual, utilización de medios y métodos de
guerra ilícito, perfidia, actos de terrorismo, actos de barbarie, tratos inhumanos
y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida, actos de
discriminación racial, toma de rehenes, detención ilegal y privación del debido
proceso, constreñimiento a apoyo bélico, despojo en el campo de batalla,
omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria, obstaculización de
tareas sanitarias y humanitarias, destrucción y apropiación de bienes
protegidos, destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario,
destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares e culto,
ataque contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas,
represalias, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de
población civil, atentados a la subsistencia y devastación, omisión de medidas
de protección a la población civil, reclutamiento ilícito, exacción o
contribuciones arbitrarias y destrucción del medio ambiente.
[11] Ensayos
sobre la Corte Penal
internacional. Héctor Olásolo Alonso. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana,
Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 2009, pag. 487.
[13]
Cita de Héctor Olásolo Alonso en “Ensayos sobre la Corte Penal
[14] Cfr.
Estatuto de la Corte Penal
[15]
Cfr. Estatuto de la Corte Penal
[16]
Cfr. Estatuto de la Corte
Penal Internacional, artículo 6°.
[17]
Caracterizadas por no constituir un ataque generalizado y sistemático, y por
ello su diferenciación respecto de los crímenes de lesa humanidad.
[18]
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en la sentencia de
apelación del caso Tadic, de 14 de noviembre de 1995, afirmó que no se requiere
probar la relación de los delitos en cuestión con situaciones de conflicto
armado.
[19] El término “Lesa” viene del latín “laesae”, que
corresponde al participio presente, en voz pasiva, del verbo “Laedo”, que
significa: herir, injuriar, causar daño.
[20]
Artículo 7.1 del Estatuto de Roma.
[21]
Sentencia C-578 de 2002.
[22]
Esta conducta está incluida en los Estatutos de los Tribunales de Yugoslavia
(artículo 5(g)) y Ruanda (artículo 3(g), pero no fue incluida en el Estatuto
del Tribunal de Nuremberg.
[23] La doctrina ha considerado que el delito de genocidio
constituye una especie o una modalidad agravada del género de los crímenes de
lesa humanidad. Ver, en ese sentido, Yves Ternon, El estado criminal: los
genocidios en el siglo XX. Barcelona, Editorial Península, 1995, pag. 44.
[24]
Ver monografía sobre “Fórmulas de imputación de crímenes internacionales en el
marco de Justicia y Paz”. Observatorio Internacional DDR-Ley de Justicia y Paz
y CITpaz. Area de Justicia. Director: Alejandro Aponte.
[25] Crímenes
de Lesa Humanidad. Jesús Orlando Gómez López. Ediciones Doctrina y Ley Ltda.
Bogotá. 1998. pag. 46.
[26]
Auto del 31 de julio de 2009, radicado No. 31.539
[28]
Mucho menos, si, como ya se anotó, recurrir al D.I.H., implica necesariamente
reconocer que algunas conductas no son delictuosas (entre otros, el ataque a
las fuerzas armadas, si les tiene como una parte del conflicto), por entenderse
connaturales a las hostilidades.
[29] “1. La Corte ,
cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que
le sean sometidas, deberá aplicar:
a. las convenciones
internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas
expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
b. la costumbre
internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas;
d. las decisiones
judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las
distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de
derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.
2. La presente
disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así
lo convinieren.”
[30] Aprobados por la
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en
1950.
[31] Aprobados por las ONU, en Asamblea General por medio de Resolución
3074 (XXVIII), el 3 de diciembre de 1973.
[32] Entre otros, Sentencia de 22 de marzo de 2001, casos “Streletz,
Kessler y Krenz contra Alemania” y K.H.W contra Alemania”, conocidos como
“casos de los disparos mortales en el muro de Berlín”.
[33] Caso “Plan Cóndor” en Uruguay, sentencia contra José Niño Gavazzo
Pereira y otros; en el mismo sentido la sentencia contra Juan María Bordaberry
de 10 de febrero de 2010.
[34] Recurso promovido en representación del Gobierno de Chile (Enrique
Lautaro Arancibia Clavel).
[35] Caso Molco de Choshuenco (Paulino Flores Rivas y otros); también
Sentencia contra Alberto Fujimori, de 19 de abril de 2009.
[36] Recurso de habeas corpus promovido por Gabriel Orlando Vera
Navarrete.
[37] Toda vez que “se imputa a
Julio Héctor Simón –por entonces suboficial de la Policía Federal1978, a José Liborio
Pobrete Rosa en la Plaza Miserere
[38] Auto de 13 de mayo de 2010, radicado 33118.
[39]CORTE SUPREMA DE JUSTICDIA,
Auto del 12 de mayo de 2010, rad. núm. 33610.
[41]CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, Auto de segunda instancia del 31 de julio de 2009, rad.
núm. 31539; Ib. Auto de segunda
instancia del 25 de septiembre de 2007, rad. núm. 28250.
[42]“…el juicio de legalidad material que le
corresponde al magistrado de control de garantías en la audiencia de
imputación, está circunscrito a los motivos fundados que propician la
inferencia razonable de la probable autoría o participación del procesado en
los hechos a él atribuidos. Esto es que
está circunscrita su intervención en este punto, a la revisión del fundamento
argumentativo de la imputación”.
Auto del 01 de julio de 2009, rad. núm. 31788.
