Bogotá, D.C. 10 de mayo de 2011
"El reconocimiento del conflicto armado interno por parte del Presidente Santos nos parece positivo y acertado. Al reconocer la situación fáctica de que en Colombia existe un conflicto armado interno, el gobierno colombiano facilita la interlocución con la comunidad internacional sobre este tema y reivindica las víctimas del conflicto", expresó Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Internacionalmente, este reconocimiento facilita un diálogo franco y constructivo. Permite utilizar términos comunes para referirse a la situación del país y contribuye a la aplicación efectiva de la protección internacional, como los mecanismos adoptados en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre protección de la niñez y la mujer en conflictos armados.
En el plano nacional, este reconocimiento refuerza la necesidad de situar en el centro de las consideraciones del Estado la satisfacción de los derechos de las víctimas, así como de sus necesidades humanitarias, facilitando la adopción de un marco adecuado de protección.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resalta que la existencia de un conflicto armado interno es una situación fáctica que no depende de reconocimientos políticos. Como se deriva de las Convenciones de Ginebra sobre conflictos armados y sus Protocolos adicionales, los conflictos armados internos son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y fuerzas de uno o más grupos armados con un nivel mínimo de intensidad y cuyas partes poseen una mínima organización.
La negación o el reconocimiento del conflicto armado por parte de diversos gobiernos colombianos no ha cambiado la naturaleza de la situación y la persistencia del conflicto en Colombia. El reconocimiento del conflicto armado interno por parte del Presidente Santos no otorga ninguna legitimidad moral o política a los grupos armados ilegales. Tampoco cambia la exigencia de que aquellos que participan directamente en las hostilidades respeten el derecho internacional humanitario, cuyo objeto principal es la protección de la población civil.
El mandato de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde hace 13 años parte de la existencia de un conflicto armado interno. En este contexto llevamos a cabo una observación sistemática y analítica de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; ofrecemos una asesoría y cooperación para contribuir a superarlas, fortaleciendo la prevención y la sanción cuando ocurran; y contribuimos a un mayor conocimiento y apropiación de los derechos humanos a través de nuestra comunicación pública.
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